Los temas que ya están en Tribunales

Hasta el momento, la conflictiva relación Gobierno central-Provincia tiene cinco cuestiones judicializadas. La primera, que está en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es por el no envío de los 1.040 millones de pesos que la Anses se había comprometido a remitir a la Caja de Jubilaciones de la Provincia para financiar parte de su déficit, un acuerdo que tenía vigencia para el período 2011. La segunda fue presentada por la Nación, también en la Corte Suprema, para cuestionar la constitucionalidad de la tasa vial que De la Sota impuso al consumo de combustibles, con el objetivo de recaudar poco más de 500 millones de pesos durante 2013.El otro conflicto judicializado es el que desató la clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) que dispuso la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) interpuso una medida cautelar que fue aceptada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien suspendió las clausuras y otorgó 90 días a TDA para regularizar la situación. La otra disputa que llegó a los tribunales está relacionada con la cuestión energética. La Provincia presentó tres amparos para evitar que la Nación le quite los subsidios como consecuencia de los aumentos de tarifa que dispuso Epec; para evitar que Enarsa le desconecte equipos de generación móvil, y para que la Nación se abstenga de retener fondos coparticipables para el cobro la deuda de Epec con Anses.La disputa más reciente es la que involucra al jefe de Policía de la Provincia, Ramón Frías, quien fue denunciado por presuntas amenazas por el comisario retirado Julio Giménez. Con apoyo kirchnerista, Giménez acusó a Frías de haberlo presionado para que deje de investigar a la desaparecida D2.