Los que se llevan más que un chori

Un choripán y 200 pesos son un escándalo; un subsidio, una autorización que gambetea una norma o una exención impositiva millonaria pueden ser parte de las reglas de juego.

El condenado clientelismo político es una práctica perversa que excede largamente el vínculo que une a dirigentes con sectores de escasos recursos, para inscribirse en un fenómeno amplio que liga a diferentes grupos que reciben distintas prebendas a cambio de determinadas posiciones. Esos grupos pueden ser muy pobres o muy ricos, o una gama de intermedios.

La discusión se reabrió a partir del acto de la semana pasada que encabezó Néstor Kirchner en Córdoba. Como siempre, los partidos no gobernantes les endilgan a los gobernantes la utilización de recursos públicos para congregar gente, a la que se acusa de asistir a cambio de una retribución económica o una asistencia alimentaria. Tal vez sea un costado poco sano de la actividad política, que debería tener como finalidad la agrupación voluntaria de ciudadanos.

Lo que sorprende es que los que denuncian esas prácticas pertenecen a partidos que han hecho uso y abuso del clientelismo. Por caso, dirigentes del radicalismo imputaron a funcionarios municipales la utilización de colectivos de la Tamse (hecho condenable) para movilizar hacia el acto K. La UCR de Córdoba vació un banco, entre otras cosas, para sostener adhesiones a su gestión.

Más allá de medir si es o no más costoso dar créditos sin avales que repartir choripanes y 200 pesos, lo que parece estar en juego es la evaluación sobre el destinatario de sendas acciones clientelares.

La dirigencia política (siempre y cuando no sea organizador de un acto), los medios y vastos sectores sociales condenamos a grito pelado que haya gente que sea llevada un mitin y se le dé, como contraprestación, algún tipo de "viático".

La condena no es tan contundente cuando los grupos de presión consiguen beneficios de los gobernantes que superan largamente el valor y el costo de un sándwich y una coca. Una desgravación impositiva para una inversión de dudoso efecto generador de empleo, una autorización para vender como barrio cerrado una urbanización que debiera ser abierta, un subsidio para una organización que no tiene finalidad social tienen un valor y un costo de mucho mayor impacto. Es más, algunos de ellos implican una erogación para el fisco por generaciones. Pero sus beneficiarios no son acusados de ser víctimas de la manipulación y el clientelismo.

¿Hay algún partido o dirigente que haya movilizado sin dar nada a cambio? Lo concreto es que hay gente que va a los actos en busca de alguna recompensa y muchos van convencidos. De ellos casi nunca se habla.