Los administradores de los sueldos y la basura

Es lo que ocurrió con los intendentes que no encontraron nada extraño en el hecho de que supuestos gestores de la Nación les ofrecieran a sus pequeñas localidades más obras públicas que las que el presupuesto nacional de 2013 prevé para todo el territorio provincial; ni tuvieron reparos éticos a la hora de aceptar que las obras serían por contratación directa; ni consultaron si las empresas a las que supuestamente debían contratar tenían existencia real. Es la desmesura la que parece indicar que fue un intento de estafa.

Lo extraño es que las mismas prácticas no sorprenden cuando -en dosis cotidianas y crecientes, aunque bien administradas- dominan buena parte de las relaciones políticas y del manejo de los fondos del Estado.

Cualquiera de esos intendentes podría explicar –algunos lo hicieron– que los recursos que administran sólo alcanzan para los sueldos y para la basura; que la coparticipación se fue reduciendo de manera constante en la última década y que para aspirar a alguna obra primero hay que declararse K, luego reportar en Unidos y Organizados y así conseguir el pase para llegar al Ministerio de Planificación Federal.

O que para ligar algo extra de la Provincia hay que ser delasotista y tener paciencia, porque los fondos son cada vez más escasos.

No hace falta adentrarse en el interior para buscar ejemplos de esta situación: la Municipalidad de Córdoba, segunda ciudad del país, ofrece pruebas al canto.

La Capital provincial no fue adjudicataria de ninguna obra nacional en 2012, no recibió un peso extra de esa jurisdicción ni siquiera cuando pasó un tornado, y tampoco figura en el presupuesto nacional 2013, que entre otras tantas obras, se olvidó también del subterráneo.

Ramón Mestre hacía 10 meses que esperaba una audiencia con Julio De Vido para reclamar los más de 300 millones de pesos que le habían prometido en obras a su antecesor, Daniel Giacomino. La logró esta semana, pero fue porque el ministro necesitaba pedirle que el municipio levantara la clausura a la empresa Dioxitek.

Mestre no se cansa de defender su relación con José Manuel de la Sota, pero al municipio no le va mucho mejor con la Provincia que con la Nación.

A la Capital tampoco le llegó un peso extra del Fondo de Emergencia ni del Programa de Asistencia a Municipios, que son las dos cajas discrecionales que tiene el gobernador.

En medio del incendio inicial, la única ayuda fue el refinanciamiento de los fondos que Juan Schiaretti le había adelantado antes a Giacomino y un préstamo de 10 millones a 20 días cuando no había para los sueldos.

Para peor, todos los municipios son víctimas de fenómenos mucho más estructurales que la ausencia de favores políticos: la Nación concentra recursos como nunca antes y la Provincia, en los últimos años, hizo lo mismo y dejó de coparticipar fondos que antes se distribuían, además de crear nuevos impuestos disfrazados de fondos especiales al campo o de tasa al combustible, para recaudar más sin coparticipar.

En la Municipalidad de Córdoba aseguran que la Provincia por esas vías se quedará este año con unos 240 millones de la Capital. Si el cálculo –que deja afuera el impacto de la Tasa Vial– se extiende a la totalidad de los municipios, la cifra se aproximaría a 750 millones que les faltarán a los servicios que dan los intendentes.

De la Sota atendió sólo en parte ese reproche: restituyó el Fasumu al interior y a la Capital le subió los envíos por Fofindes y le compensó una pequeña parte de la diferencia reclamada con obras. Ahora promete coparticipar un nuevo fondo que en 2013 pagará el campo.

Son migajas para las necesidades de los municipios. Lo concreto es que los intendentes que no esperan gestores salvadores subirán los impuestos. Y que difícilmente les alcance para mucho más que los sueldos y la basura.