Ley ómnibus: qué dice el proyecto que pasó al Senado

La propuesta de la Casa Rosada abunda en muchos temas. En primer lugar, dispone la “emergencia” por la litigiosidad judicial durante tres años. Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se van a pagar en dos partes, 50% al contado y 50% en cuotas trimestrales que se irán actualizando por movilidad. Quienes hayan iniciado juicio, pero aún no tengan sentencia, podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas. Los que no iniciaron juicios, pero tengan igual situación de derecho que quienes fueron a la Justicia, tendrán una actualización de sus haberes. Todos aquellos que acuerden, deberán renunciar a futuras demandas.

Además, la norma crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de una jubilación mínima, para las personas que no tengan aportes suficientes para jubilarse y hayan cumplido 65 años. Por pedido de la oposición, se prorrogó por tres años la moratoria previsional para las mujeres. Así, haciendo aportes, podrán jubilarse a los 60 años.

En una tercera parte, la ley en tratamiento ratifica los acuerdos entre Nación y provincias por la devolución del 15% de la coparticipación. Por presión de los gobernadores se introdujo un nuevo artículo para garantizar que las Cajas de Jubilaciones provinciales tendrán asistencia automática de la Anses.

Uno de los títulos más debatidos en Diputados fue el que dispone el uso del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para pagar el programa de reparación histórica. El massismo logró imponer que este fondo deberá tener entre un 7 y un 50% de su capital invertido en acciones. Pero el macrismo consiguió consenso para permitir la venta perforando ese piso en casos especialísimos. Se deroga la ley de Cristina Kirchner que ponía un cepo a la venta de esos activos.

Otro título debatido es el del blanqueo de capitales. Con él se busca cobrar un impuesto especial a quienes declaren bienes ocultos -dinero, inmuebles- en Argentina o en el extranjero para solventar el pago de los juicios a los jubilados. El gravamen va desde el 5 al 15% del valor del bien que se blanquee. Pero el “blanqueador” también tendrá la opción de suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en el país.

Pero paralelamente a este “sinceramiento fiscal”, la ley dispone una moratoria muy amplia para quienes no siendo evasores tengan deudas con el fisco. En este apartado se introdujeron dos “sorpresas”. El PJ dialoguista incluyó una moratoria especial para las provincias que no tienen caja de jubilaciones y han venido pagando por contribuciones patronales 10% en lugar del 17% que reclama la Afip. El radicalismo introdujo una moratoria especialmente dedicada a los productores agropecuarios de zonas que el Congreso haya declarado en “emergencia” por factores climáticos.

Otro apartado que “creció” fue el que dispone “premios” para los contribuyentes cumplidores. La norma enviada por Macri sólo contemplaba la exención de Bienes Personales entre 2016 y 2018. El massismo impuso que tampoco se pague Ganancias en el próximo medio aguinaldo.

La norma tiene también un capítulo donde se modifican tributos. Por ejemplo, se reducen las alícuotas de Bienes Personales y se suben los mínimos no imponibles. También hay cambios en el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que se deroga a partir de 2019. La eliminación de Bienes Personales no prosperó.