Ley de la democracia, comunicación del pueblo

A 30 años del retorno de la democracia, el fallo que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la fortalece en aquello que constituye su razón de ser: el protagonismo del pueblo en un derecho inalienable recientemente reconocido, el derecho a la comunicación. La ley contó en su discusión de base con la participación de diferentes actores sociales. Fue producto de un proceso amplio de construcción de consensos, alimentado por un debate democrático y federal, en el cual las carreras universitarias tuvieron una participación activa junto con los trabajadores de la comunicación, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, cooperativas y medios comunitarios. Ese compromiso se renovó en agosto, cuando la Redcom (Red de Carreras de Comunicación), de la que forma parte la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, se presentó como "amiga de la corte" ( amicus curiae ) reafirmando la concepción progresiva del derecho a la comunicación consagrado en la ley 26.522.Con este fallo, concluye la etapa de cuestionamiento legal a la Ley de Servicios de Comunicación. Una ley sancionada en 2009 por el Congreso, que deja atrás 30 años de una ley de la dictadura. Constituye sin dudas una gran satisfacción para todos quienes creemos que la democracia se construye desde el protagonismo y la multiplicidad de voces. Mayores desafíos Pero, indudablemente, con este fallo comienza una etapa de mayores desafíos y responsabilidades. A partir de aquí, es esperable un trabajo cada vez más intenso y creativo de quienes pertenecemos al campo de la comunicación, así como también la creación de condiciones propicias por parte del Estado para que la implementación efectiva de la ley sea posible. Lo primero que se logró con la sanción de la ley fue poner en la discusión, no sólo de especialistas sino de la sociedad toda, la comunicación y los medios por los que esta circula. Entender el sistema de medios de comunicación como un espacio en el que no sólo circula información, sino que se dirimen intereses económicos y políticos. En tal sentido, la Corte, en su fallo, respalda la potestad estatal para regular en la materia. Y eso sustrae a la comunicación de su condición de mercancía y la ubica en lo que debe ser: un servicio.Más allá de la alegría que significa este fallo, es el momento propicio para la reflexión, el análisis y no para desbordes que en nada contribuyen a la claridad y la información. Creo que, después de 30 años de democracia, hemos dado un paso fundamental en la construcción de un instrumento que sirva a una sociedad más justa y más democrática.