La transparencia y los DNU de Schiaretti

Subido al bólido que lo lleva a máxima velocidad por la autopista electoral, el gobernador Juan Schiaretti recurrió a una versión autóctona de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), para dejarle nuevas comisarías a la capital provincial. El paraguas del artículo 7 de la Ley de Obras Públicas (8.614) le calzó justo para esquivar sin sobresaltos las licitaciones públicas y contratar en forma directa. Esa misma norma exige convocar a cotizar a, por lo menos, tres empresas que, "según el informe del Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, se encuentren en las mejores condiciones de contratar con el Estado". Pero también lo habilita a obviar ese procedimiento "en los casos en que, por razones de imperiosa urgencia, no fuera posible implementarlo". El vertiginoso contexto de campaña y la imperiosa necesidad de cortar cintas por cada nuevo ladrillo, antes de que rija la veda para inaugurar obras públicas, dejan demasiadas dudas en el camino.Días atrás, cuando expuso sobre sus acciones en el comando electoral del oficialismo, el ministro de Finanzas, Ángel Elletore, contó que tiene un proyecto para visibilizar los procesos de compra del Estado. Pero también dijo que su puesta en marcha es una decisión política que lo sobrepasa.Sería injusto no reconocer el esfuerzo por exhibir varios aspectos centrales de la gestión del Estado con el Portal de Transparencia (transparencia.cba.gov.ar). Pero no menos cierto es la necesidad de profundizarlo, en especial para los procesos licitatorios. La Provincia demoró casi dos meses en responder la información solicitada por este diario y todavía quedan datos sin conocer.Uno de ellos es saber cuáles son las variables que determinan quiénes son los proveedores del Estado en mejores condiciones para cotizar por las comisarías. Y, luego, dar a publicidad los nombres de esas empresas y cuáles fueron sus ofertas en la compulsa de precios. De la respuesta oficial, tampoco es posible establecer, por ejemplo, si en algún caso hubo adjudicación directa por no haberse realizado el concurso de ofertas. Sólo queda confiar en que lo que se informa es lo que efectivamente ocurrió. Tampoco se detalló cuáles son y cuánto se pagó por los terrenos en los que se edifican las nuevas sedes policiales que no eran propios. Sólo se indicó que fueron "expropiados a terceros".A nadie escapa que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Pero si ya en su seno la decisión de plantear la necesidad y urgencia para estas obras es, cuando menos, materia de discusión, la única forma de desterrar cualquier sospecha es abrir de par en par los procesos de contratación.De lo contrario, la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información pública para conocer qué se hace y cómo con sus impuestos, seguirá siendo puro marketing político.