La sutil diferencia entre no poder y no querer

La posibilidad de que la Municipalidad de Córdoba blanquee e informe en tiempo real los cambios en su planta total de empleados se ha convertido en una quimera, por la falta de decisión política de los sucesivos intendentes. En las condiciones en las que se vienen desenvolviendo las finanzas de la ciudad, no debe haber información más necesaria que esa. Pero a la vez, se trata del secreto mejor y más celosamente guardado en los últimos años. ¿Tan difícil es conocer el nombre, apellido, sueldo, cargo y función de cada municipal? ¿Sería tan engorroso hacer la correspondiente discriminación entre planta permanente, transitorios, contratados, monotributistas, becarios y todas las escalas informales que se inventaron justamente para eludir controles?Rosario, con la que tanto nos gusta compararnos y citarla como modelo a imitar, lo hizo hace rato y no se vino el mundo abajo ni se violaron los derechos personales de ningún trabajador. Acá cerca, a 50 kilómetros de la Capital, en Jesús María, esa misma información también está disponible en la Web.En Córdoba, durante la gestión de Luis Juez hasta se aprobó un proyecto del Concejo Deliberante para instrumentar la publicación de esos datos, pero el Ejecutivo nunca cumplió ese mandato.La disponibilidad pública de esa información evitaría, o al menos atenuaría sensiblemente los márgenes de manejo político sobre el siempre sensible tema del acceso discrecional al empleo público. Es tal el anacronismo administrativo en el Palacio 6 de Julio que un simple control ciudadano para saber quién entró al municipio, en qué condición legal, qué hace y cuánto le pagan se elevó ya a la escala de un planteo casi revolucionario, al que todos los intendentes le esquivan.Al cierre de cada mandato, la película sobre la dotación de personal que una gestión municipal le legará a la siguiente siempre es la misma. Efectivizó empleados Rubén Martí; intentó hacerlo y no pudo Germán Kammerath; Luis Juez pasó a planta de a miles. Y ahora Giacomino le tiró al Concejo la responsabilidad de decidir qué se hace con cientos de monotributistas. ¿No va siendo hora de que esas benditas listas no sean noticia sólo cada cuatro años, sino una herramienta para controlar la gestión? Todos dicen que no pueden hacerlo, pero la realidad es otra: ninguno quiere.