La SIP reclamó por la publicidad oficial
La entidad editorial planteó en su informe sobre Argentina que hay un "proceso de colonización mediática".
Buenos Aires. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que nuclea a los editores de periódicos de todo el Hemisferio Occidental, dio a conocer ayer una resolución sobre la Argentina, en la que solicitó medidas gubernamentales en relación a la asignación de publicidad oficial y a que se adopten criterios objetivos al aplicar la llamada ley de medios. En esa resolución la SIP consideró que el Gobierno argentino "ha profundizado el uso discrecional del poder estatal, valiéndose de herramientas legales, medidas administrativas y del accionar de funcionarios públicos para premiar a medios afines y castigar a quienes mantienen su independencia con respecto a la gestión oficial".Luego de citar los múltiples mecanismos a través de los cuales se viene ejerciendo ese poder discrecional, la SIP resolvió instar al Gobierno nacional a "establecer criterios técnicos en su relación con los medios de comunicación para la distribución de la publicidad oficial" y pidió "a la autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que adopte y cumpla criterios objetivos en el ejercicio de sus atribuciones".Por otra parte, la entidad reclamó al gobierno de Cristina Fernández que finalice la "escalada de agresiones" contra la prensa crítica, que "cesen las presiones" sobre la Justicia y que concluya lo que calificó como el "hostigamiento administrativo" sobre Papel Prensa.Para la SIP, hay una "campaña oficial de desprestigio contra los medios no oficialistas", que incluye "carteles injuriosos en la vía pública, impedimentos de la circulación de diarios en ámbitos oficiales, persecución administrativa y fiscal a periodistas, editores y empresas de medios, denuncias y campañas sistemáticas de difamación en espacios mediáticos que responden al poder político".También sostiene que "funcionarios han lanzado presiones a la Justicia para que falle a favor del Gobierno en cuestiones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales".En ese marco, la SIP resolvió "alertar a la sociedad argentina sobre el proceso de 'colonización mediática' que se viene desarrollando por parte del gobierno con cuantiosos recursos del Estado y otras herramientas, intentando monopolizar los canales de acceso a la información".
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