La Provincia achicó la deuda con las empresas contratistas
En los últimos meses, entregó 220 millones de pesos. La Cámara de la Construcción admite que la acreencia es de 600 a 700 millones de pesos.
Si bien empresarios de la construcción admitieron que la Provincia comenzó a regularizar pagos que permiten recuperar la ejecución de obras públicas ya iniciada, la combinación derivada de ese sostenido atraso en la cobranza, el parate pos electoral en todos los niveles, y la prolongada demora en recuperar cierto nivel de actividad, ha puesto en una compleja situación a las empresas locales del rubro. El panorama fue abordado en estos días por la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se valoró que la provincia haya cancelado obligaciones por unos 220 millones de pesos. Los pagos comenzaron en enero y trajeron cierto alivio a Hugo Testa, el ministro de Obras Públicas, que pudo retomar los trabajos en diferentes proyectos ya empezados. Testa es un funcionario que goza de un apreciable reconocimiento entre el empresariado de la construcción. En ocasiones, su palabra ha matizado la larga espera de los acreedores para que la mora del sector público no adquiriera mayor relevancia pública o judicial. "Vamos a ver cómo sigue la caja, si la recaudación se manteniendo como está viniendo. En estos tres meses, dentro de todo, se han puesto las cosas en marcha", comentan en el viejo edificio de la Dirección de Arquitectura donde funciona el ministerio.El jueves también comenzó el pago de las acreencias de aquellas contratistas del ex Plan Hogar Clase Media, mil viviendas en marcha en Córdoba (800) y en Río Cuarto (200). "Esos pagos no se demoraron por una cuestión de plata, sino porque la gestión es más complicada y las cuentas estuvieron disponibles en los últimos días", comentó una fuente ministerial. El trámite es largo y engorroso "en un año con plata y en un año sin plata", dijo el interlocutor.Los 220 millones puestos por la Provincia implican un tercio de la deuda total que el Estado tendría con los constructores. "La cifra que evaluamos es la que todos comentan, entre 600 y 700 millones de pesos", dijo uno de los participantes del encuentro en la Cámara.El punto es que si bien la recaudación ha crecido en el primer trimestre por encima del 30 por ciento, la espera se ha hecho demasiado larga y no alcanza a todas las compañías. "Leí que dicen que han pagado un tercio de lo que deben, si es así a mí me están discriminando", dijo con una sonrisa un empresario de buenas relaciones con el delasotismo.En el mismo sentido, otro colega aludió al escenario. "Me debe la Provincia, la Nación y la Municipalidad", enumeró. "Ya no hago más gestiones, cuando me quieran pagar que me llamen", agregó. Por cierto, nadie conoce hasta qué momento podrá mantener dicha actitud.Con todo, esta disparidad de criterios entre los empresarios "conformes" y los más "escépticos", no llama la atención de los funcionarios. "Es como todo, hay empresas que se quejan y otras que no. Incluso a alguna le gustaría cobrar más", remarcan en el Gobierno con cierta mordacidad.

