La preocupación por el aniversario del 3D policial

El primer aniversario de la huelga policial que facilitó los saqueos del 3 y 4 de diciembre pasado genera preocupación en el Gobierno provincial. La fecha sorprende al jefe de Policía, Julio César Suárez, en una incómoda situación judicial, que pone interrogantes sobre su continuidad al frente de una fuerza que exhibió insubordinación en aquellas dos agitadas jornadas de robos y terror.

Los funcionarios delasotistas se esmeran en tratar de restarle importancia a la acusación contra Suárez.

Sin embargo, un fiscal y un juez de control han ratificado la imputación por el presunto delito de coacción contra el periodista de los SRT Dante Leguizamón.

Los abogados defensores del jefe de Policía le solicitaron al juez de control Carlos Romero que les permita recurrir a la Cámara de Apelaciones. Hasta el momento, el magistrado no se expidió.

De todos modos, en los tribunales provinciales admiten que es poco probable que una Cámara tumbe todo lo actuado por un fiscal y ratificado por el juez de control.

En los próximos días, la defensa de Suárez jugará una última carta: intentará demostrar que uno de los testigos incurrió en falso testimonio.

Con una mirada muy optimista, fuentes oficiales indican que, de comprobarse que ese testimonio no se ajusta a la verdad, podría caerse gran parte de la denuncia por amenazas.

Faltan pasos judiciales que en lo inmediato no comprometen la continuidad de Suárez al frente de la Policía.

Si el juez de control deniega la posibilidad de recurrir a la Cámara de Apelaciones, la defensa irá en queja a la misma Cámara, con lo cual se estirarán los plazos procesales y el gobernador José Manuel de la Sota no se verá obligado a desprenderse de Suárez.

A los problemas judiciales de Suárez se suma otra circunstancia que afecta a la cúpula policial. El subjefe Héctor Laguía pidió carpeta médica y no estará en funciones para el primer aniversario de la crisis policial.

El subjefe de Policía cumple una tarea administrativa sensible, que ahora quedó en manos del comisario Mario Tornavaca.

En el Ministerio de Seguridad y Gobierno, admiten que la imputación contra el jefe de Policía es “un problema”.

Pero los funcionarios delasotistas prefieren resaltar los cambios que se dieron en el último año, antes que responder sobre la situación de Suárez.

“Los policías de Córdoba cobran los mejores salarios del país. Además, se han mejorado las condiciones de trabajo, uno de los reclamos que hicieron el año pasado. A esto hay que sumarle que ahora la opinión de los vecinos tendrá activa participación en los ascensos. Esto también es inédito en el país”, se esforzó por resaltar un alto funcionario provincial, quien prefirió no ser mencionado. El bajo perfil será la moneda común, a un año de la huelga y los saqueos.

El actual gabinete provincial también cumplirá un año, el próximo 10 de diciembre, ya que nació producto de aquella crisis policial.

Las encuestas marcan que el gobernador logró recuperar la imagen de su gestión, que había tocado fondo luego de los sucesos de diciembre.

De la Sota eliminó la Jefatura de Gabinete y se puso al frente de la gestión, exigiendo hiperactividad a sus funcionarios.

En un año, cumplió el objetivo de remontar la cuesta de la aprobación social, pero la cuestión política metió la cola en el último mes.

Ministros con aspiraciones de candidatos, como Martín Llaryora (Comercio e Industria) y Daniel Passerini (Desarrollo Social), quedaron descolocados por el público apoyo de De la Sota a su antecesor Juan Schiaretti.

Se habló hasta de renuncias, pero todo indica que la sangre no llegará al río. En las últimas horas, los dos ministros recibieron un mensaje que los tranquilizó: si no hay un acuerdo general para una lista única, habrá internas abiertas para elegir a los candidatos del peronismo.

A casi un año de la peor crisis de su larga estadía en el poder, De la Sota intenta no dejar ningún cabo suelto.