La pelea, en su capítulo judicial

Dos de los 15 trabajadores municipales de Córdoba que fueron trasladados del área de Espectáculos Públicos querellaron al subsecretario de Gobierno, Javier Pueyrredón, quien a su vez insistió en que seis agentes están imputados judicialmente por cohecho.

La judicialización del conflicto dio un nuevo impulso a las asambleas gremiales previstas para hoy a las 10.30, ya que podrían extenderse a otras áreas de la administración.

La protesta gremial superó ya las paredes del Palacio 6 de Julio y llegó a Tribunales. Fueron dos ex inspectores de Protección Humana -trasladados junto con otros 13 de Espectáculos Públicos a Control Integral de la Vía Pública-, quienes decidieron querellar a Pueyrredón por calumnias e injurias.

Así lo confirmó su abogado particular, Miguel Eduardo Romero, quien aseguró que sus dos clientes, Nancy Moreno y Eduardo Gómez sufrieron "un daño moral muy profundo y quedaron estigmatizados a partir de los dichos de Pueyrredón cuando manifestó que el motivo de la separación de los 15 inspectores es por un supuesto hecho delictuoso".

"No tenemos ninguna sanción, ninguna investigación administrativa para que los dichos de este hombre tengan asidero. La Justicia nos ampara. Como se trató de un agravio personal, la querella es particular, por fuera del gremio", precisó el letrado.

Moreno y Gómez relacionan el traslado con una denuncia televisiva que ambos realizaron hace un año y medio por una rehabilitación del Banco Patagonia que consideraron "irregular", ya que afirman que se clausuró por "fallas de seguridad".

Por su parte, Javier Pueyrredón -por entonces director de Fiscalización y Control- aseguró que responderá lo que sea necesario, pero advirtió que nunca generalizó en sus dichos.

"Hay seis funcionarios de los 15 trasladados que están imputados por la Justicia y a los que se les inició el correspondiente sumario administrativo. No se trata de estas dos personas", resaltó el subsecretario.

Pueyrredón entregó a La Voz del Interior documentación certificada por la Oficialía Mayor, que le requirió al fiscal del Distrito III, Turno 7, Raúl Garzón, para avalar sus denuncias.

Los efectos del conflicto se volverán a sentir hoy en la atención al público, ya que habrá asambleas en las tres áreas comprometidas: Control Integral de la Vía Pública, Espectáculos Públicos y Protección Humana, luego de que los delegados del Suoem se pronunciaran ayer por continuar con esa modalidad.

"Se tomó la determinación de convocar nuevamente al cuerpo de delegados al hall del Palacio, a la comisión directiva y a los compañeros activistas para comenzar a dar forma a un conflicto que, de prolongarse, tiende a exteriorizarse a todas las áreas municipales", resaltó Raúl Díaz, delegado gremial del Suoem.

Por su lado, el titular del gremio Rubén Daniele, no ocultó su descontento respecto a la marcha de negociaciones con el Ejecutivo. Ratificó que el pasado viernes le entregó una nota al intendente Daniel Giacomino para que él disponga en forma personal un representante a los efectos de tratar todos los temas" que hacen al conflicto, pero no tuvo respuestas.

El problema con los 15 inspectores se desató meses atrás, cuando todavía era secretario de Gobierno Guillermo Luque, quien frustró el pedido de traslado de esos agentes que había hecho Pueyrredón, por entonces a cargo de Fiscalización y Control.