Ieral. La Mediterránea apoyó la modernización laboral y le tiró un dardo a la Justicia

Un trabajo del Ieral-Fundación Mediterránea propone una reconfiguración integral del sistema laboral argentino, con ejes principales como el régimen de enfermedades e indemnizaciones y la modernización de la ultraactividad.

El trabajo, elaborado en el marco del Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) fue presentado este jueves por el titular del Ieral, Osvaldo Giordano, junto con un equipo de economistas que trabajó durante meses en siete tópicos de la normativa que regula el empleo en la Argentina.

El documento, que expone con enfoque técnico los principales cambios propuestos sobre el régimen laboral, tributario y de seguridad social, también fue remitido el lunes pasado al gobernador Martín Llaryora con una nota de presentación destinada a que el documento sirva como marco de análisis para los diputados y senadores nacionales.

En esa nota, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, subrayó el alcance institucional del trabajo y su nivel de consenso entre las empresas asociadas. “Deseo manifestar que existe un consenso enfático sobre la importancia estratégica de avanzar rápidamente en la sanción de esta ley”, señaló Astori.

El documento del Ieral se organiza en una serie de capítulos que abordan distintos aspectos del mercado laboral. Entre ellos, se destacan los vinculados al régimen de enfermedades e indemnizaciones, al sistema de riesgos del trabajo y a la modernización de la negociación colectiva, con especial énfasis en la revisión de la ultraactividad de los convenios.

En la nota elevada a Llaryora, la Fundación Mediterránea sostuvo que, a partir del análisis técnico realizado por su equipo de economistas, se identificaron “oportunidades de mejora que permitirían potenciar los impactos positivos” de la reforma laboral en debate. En ese marco, planteó seis cambios concretos que, a su criterio, permitirían ampliar sustancialmente los beneficios del nuevo esquema.

En primer lugar, propuso una optimización del régimen de enfermedades e indemnizaciones. Allí sugirió revisar la indemnización prevista en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se trate de trabajadores próximos a jubilarse, descontando los montos ya abonados por las ART.

Al mismo tiempo, planteó la creación de un mecanismo para que las enfermedades inculpables sean cubiertas por el sistema de seguridad social, de manera similar a lo que ocurre con el régimen de maternidad.

Asimismo, pese a la reducción sostenida de accidentes y muertes laborales en las últimas décadas, el volumen de juicios no dejó de crecer, impulsado por el funcionamiento de las pericias médicas judiciales y la dispersión de criterios entre jurisdicciones.

Cuando en 2017 se sancionó una ley complementaria para frenar la explosión de juicios, había 124.000 pleitos anuales. Durante cinco años hubo una baja, pero en 2024 volvieron a la cifra de 124.533 juicios, recordó el Ieral.

Según el informe, el principal problema no reside en el diseño original del sistema, sino en su degradación operativa. “Actualmente, el mal funcionamiento de las pericias médicas en las justicias provinciales es el principal factor que incita a la masiva cantidad de juicios”, advierte.

“En función de la situación crítica, sería recomendable que el proyecto declare al sistema en emergencia, a los fines de no seguir demorando acciones correctivas”, remarca.

En la demanda judicial se exagera la incapacidad con la expectativa de que la Justicia la reduzca sustancialmente, a un 16%, porcentaje que no obstante da lugar a un juicio.

En la legislación comparada con otros países el porcentaje de incapacidad debe superar ese nivel. En España, por ejemplo, es del 30%. Córdoba detenta el 11% de los siniestros judicializados, un término medio a nivel país.

Hay, en ese contexto, una observación para los jueces que permiten la iniciación de pleitos aún con plazos perimidos entre el dictamen administrativo de la comisión médica y la fecha en que alguna de las partes decide recurrir a la justicia provincial.

El proyecto propone reducir costos laborales no salariales mediante la creación de un Fondo de Ahorro Laboral (FAL), financiado con una contribución patronal del 3% de la nómina y compensado por una baja equivalente en aportes a la Anses, algo que el Ieral-Fundación Mediterránea ve positivo.

Para las empresas no aumenta la cuña salarial y reduce el costo del despido, pero, según menciona el estudio, implica un costo fiscal “estimado en 0,5% del PIB”, el principal punto débil dada la estrechez fiscal. Su impacto dependerá de la creación de empleo formal.

Sugiere entonces focalizarlo en las Pyme, lo cual podría mejorar resultados, aunque suma complejidad. Además, una prima uniforme genera desajustes según rotación y antigüedad del personal.

Otro de los puntos centrales fue la modernización del principio de ultractividad. La Fundación propuso retomar el espíritu de la redacción original firmada por Juan Domingo Perón, de modo que, ante el vencimiento de un convenio colectivo, la ultractividad opere únicamente sobre las cláusulas vinculadas a las condiciones de trabajo.

El resto de las disposiciones, como las contribuciones patronales a los sindicatos, perderían vigencia, generando incentivos para la renovación de los acuerdos.

“Bajo esta regla puede darse una solución más razonable a los aportes sindicales fijados por los convenios, estableciendo expresamente que solo serán aplicables dentro del plazo fijado en el convenio; es decir, que los aportes y contribuciones en favor de las entidades firmantes no queden protegidos por la ultraactividad”, considera.

En la misma línea de mejora del Proyecto, es recomendable mantener la facultad de negociar exclusivamente en cabeza del sindicato con personería gremial. “Esta es una regla ordenadora de las relaciones entre empleadores y trabajadores, especialmente en las grandes empresas”, menciona.

También se planteó avanzar en una descentralización de la negociación colectiva. En ese sentido, se propuso que las microempresas queden alcanzadas exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que se habilite legalmente a las pyme a “desengancharse” de los convenios sectoriales mediante acuerdos directos con la mayoría de sus trabajadores.

Otro eje del documento apuntó a mejorar la eficiencia de los incentivos al empleo. En lugar de los esquemas actuales de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, propuso establecer un Mínimo No Imponible (MNI) sobre la masa salarial.

Según el planteo, esta alternativa simplificaría la gestión y permitiría focalizar el alivio fiscal en los segmentos donde la informalidad es más elevada, como los salarios bajos y las empresas de menor tamaño.

Finalmente, la entidad sugirió una focalización de la reforma tributaria, concentrando los cambios impositivos en el Régimen de Inversiones (RIMI), el ajuste por inflación de los quebrantos y la eliminación de impuestos específicos que encarecen actividades como los seguros y las telecomunicaciones. Otros cambios de mayor alcance, sostuvo, deberían quedar para una reforma tributaria integral.