La Justicia federal reclamó la causa de estafa a una ART
Bustos Fierro pide a la Cámara 9ª del Crimen de la Provincia que le remita la causa, y que si no comparte el criterio, que vaya a la Corte. Fuerte crítica de la Justicia provincial.
El Juzgado Federal N° 1 resolvió declarar la competencia material de ese tribunal para entender en un tramo de la megacausa por presunta estafa reiterada a la aseguradora de riesgo de trabajo Provincia ART, que ya estaba elevada a juicio en la Cámara Novena del Crimen.
Al mismo tiempo, el titular del juzgado, Ricardo Bustos Fierro, libró un oficio para que esa Cámara se inhiba de continuar las investigaciones y remita las actuaciones junto a la totalidad de los elementos secuestrados. Además le señala que en caso de no compartir el criterio del juzgado federal recurra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la cuestión de competencia planteada.
Las investigaciones se iniciaron en 2009 cuando el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, advirtió sobre el alto índice de litigiosidad laboral existente en Córdoba y tras reunirse con el Tribunal Superior de Justicia obtuvo el compromiso de la justicia provincial de investigar la denominada “industria del juicio”.
Las investigaciones piloteadas inicialmente por el fiscal Enrique Gavier tuvieron como eje una presunta defraudación millonaria a la ART Provincia –que estaba contratada por la Municipalidad de Córdoba– y dispuso detenciones de abogados y médicos que impulsaron miles de demandas laborales con certificados médicos falsos.
Gavier debió apartarse y el proceso tuvo idas y vueltas, pero el año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la competencia provincial. A su vez, defensores de los imputados reclamaron la competencia federal que fue denegada por el juez Bustos Fierro, pero los letrados insistieron ante la Cámara Federal que finalmente instruyó al magistrado federal que reclamara la competencia de esa causa.
La resolución de Bustos Fierro provocó conmoción en los tribunales provinciales. Fuentes próximas al TSJ calificaron la decisión de la Justicia federal como “una intromisión intempestiva que entorpece la investigación judicial en las causas de las ART”.
El tramo de la causa que la Cámara Novena estaba por juzgar no tiene actualmente presos, ya que los abogados Claudio Viale y Francisco Rueda fueron dejados en libertad. En esa causa también están acusados José Barbero, Agustín Cornavaca y Carlos Dulce Villada, entre otros.
En los fundamentos de la resolución de Bustos Fierro se alega la competencia federal al señalar que la denuncia de González Gaviola generó una investigación que detectó una series de delitos de acción pública que afectaron el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que aporta recursos para el reintegro de acuerdos homologados por demandas laborales no incluidas en el listado de la ley de Riesgos del Trabajo.
Según Gavier, cuando se inició la investigación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo aseguró que “no se habían afectado fondos federales”, aspecto que es considerado clave por quienes defienden la competencia provincial tras la prolongada investigación.
Un largo proceso
Denuncia. En diciembre de 2009, el titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Juan González Gaviola, desembarcó en Córdoba para denunciar una alta litigiosidad de juicios laborales. Dijo que las demandas laborales sospechadas llegaban a los 100 millones de pesos anuales. Se reunió con el TSJ, que se comprometió a investigar la denominada "industria del juicio".
Millonaria defraudación. En 2010, el fiscal Enrique Gavier ordenó allanamientos y detenciones por presuntas estafas reiteradas en perjuicio de la ART Provincia, que aseguraba a la Municipalidad de Córdoba.
Se dictó prisión preventiva a abogados laboralistas y médicos que expedían certificados falsos en demandas laborales.
Otra denuncia. El abogado Alejandro Severin denunció ante la Justicia federal a la vocal del TSJ Aída Tarditti y al exfiscal general Darío Vezzaro por entender que la denuncia de González Gaviola fue recibida indebidamente por ser de órbita federal. Denunció que los jueces de Conciliación y los jueces de primera instancia en el interior son responsables de los acuerdos homologados.
Competencia. Inicialmente el juez federal Bustos Fierro dictaminó la competencia provincial de la causa, pero esa decisión fue apelada ante la Cámara Federal, que instruyó al magistrado a tomar las actuaciones.
Conflicto. La decisión del fuero federal podría generar un conflicto de competencias que deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
