La inflación que no se mide: la del rubro “Estado”

Aunque siempre queda la chance de que se descarrile, el prolongado conflicto salarial docente acaba de entrar en el callejón de la resolución.

En Córdoba, pese a que el gobierno de Juan Schiaretti se mantuvo, como todos los demás, vigilante sobre lo que pasaba con las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, terminó entregando un aumento de 24,5 por ciento, abierto a negociación si 
la inflación supera esa cifra.

Con administraciones así, al ciudadano que no vive del Estado no le queda otra que rogar que la meta de bajar la inflación no se cumpla. Tiene que ser al menos 24,5 por ciento.

De otro modo, habría que aumentar impuestos en términos reales. O desperdiciar cualquier mejora recaudatoria en seguir engordando un gasto público cuyo beneficio no se traduce en mejores servicios estatales (es lo que ya pasó a lo largo de 2016 con la restitución del 15 por ciento de Ganancias que antes se llevaba la Anses) o reducir aún más la inversión de recursos genuinos en obras públicas (que también ya sucedió en 2016, cuando la partida de trabajos públicos se congeló en términos nominales).

Esta semana, se conocieron los niveles de inflación de marzo en el país y en Córdoba. Muestran con claridad que, por más debates teóricos sobre qué causa la inflación en términos generales, en Argentina va a ser una fantasía querer bajarla mientras los distintos niveles del Estado sigan incurriendo en niveles de déficit fiscal que tienen que sostenerse con emisión espuria (la Nación), endeudamiento (la Nación y las provincias) o recortes y empeoramiento de servicios e inversiones en infraestructura (sobre todo, provincias y municipios).

La que causa inflación en forma directa es la Nación.

Aunque desde 2015 fuerza al Banco Central a emitir relativamente menos billetes sin respaldo, financia su gasto con dólares que toma prestados.

Si esos dólares vienen de afuera, terminan en el cofre del Central, que le da al Estado pesos a cambio.

Si bien así aumentan las reservas (por eso esta semana fueron récord), lo que no cambia es el Estado repartiendo pesos a diestra y siniestra, sin ton ni son, en muchos casos a cambio de nada. Es decir, incentivando la demanda (los pesos terminan en el bolsillo de alguien que los gasta) sin que crezca la oferta (el que recibe así los pesos no está obligado de verdad a ofrecer o mejorar ni un servicio o bien a cambio del dinero).

Materialmente, provincias y municipios también generan inflación cuando suben impuestos, cuando se endeudan para gastos que podrían financiar con fondos propios si administraran mejor o cuando empeoran sus servicios.

Porque, en definitiva, lo que hacen las administraciones locales es devolverles a los ciudadanos menos por más. Es decir, inflación.

Si Schiaretti (o el jefe de cualquier otro gobierno) fuera un panadero, lo veríamos claramente: nos daría el mismo kilo de pan, pero por más plata (más impuestos); nos daría el mismo kilo, pero comprometiéndonos a pagarle más en el futuro (eso hace cuando toma deuda en nuestro nombre); nos daría 800 gramos en lugar de un kilo por la misma plata (eso pasa cuando se pierden días de clase que no se compensan), o pan de centeno en lugar de trigo (cuando la calidad de la enseñanza decae).

Al panadero no se lo perdonaríamos. En los servicios estatales nos resulta difícil ver la jugada.

Hay una solución para que esto quede políticamente expuesto: que servicios y obras esta­tales se midan también en el Indec e integren el costo de la canasta.

Al fin y al cabo, los ciudadanos no podemos vivir sin Estado. Y lo tenemos que sostener. Nadie puede pagarlo por nosotros.

Entonces, así como se mide el precio del pollo y de los zapatos, habría que medir el costo de los servicios estatales. Para que sepamos, mes a mes, cuánto nos cuesta el Estado. Ni más ni menos que necesitamos saber cuánto nos cuestan los zapallitos.

Quedaría mucho más claro a quién responsabilizar. Veríamos que no sólo las petroleras y los fabricantes de alimentos son los malos de la película. Por eso no se hace.