La huelga, y el desafío de un debate pendiente

L a polémica sobre la necesidad de garantizar la prestación de servicios esenciales para la población cuando hay una huelga volvió a reflotarse a partir de una nueva propuesta en esa línea que acercó el defensor del Pueblo de Córdoba a la Legislatura provincial. En marzo pasado, dos de las principales espadas legislativas del delasotismo presentaron un proyecto de ley para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos (salud, transporte, energía, provisión de agua potable, educación, justicia y seguridad) cuando se dispongan medidas de fuerza.Esa iniciativa, que el gobernador José Manuel de la Sota viene impulsando que se debata tras la rebelión policial de diciembre pasado, fue rechazada de plano por el arco sindical cordobés, que dejó de lado las diferencias internas para impedir que el proyecto tomara estado parlamentario.Con la propuesta similar presentada el martes pasado por el defensor del Pueblo –el radical Mario Decara–, la CGT Regional Córdoba, conducida por el delasotismo, volvió a poner el grito en el cielo, se declaró en estado de alerta y amenazó con una nueva movilización si se pretende tratar la iniciativa.Hay una discusión no zanjada respecto de la competencia que tiene la Legislatura para tratar temas vinculados con el derecho de huelga, cuestión que, para algunos constitucionalistas, es de exclusiva órbita del Congreso.Pero hay dos bibliotecas respecto de las competencias. Quienes defienden poner cierto límite a los paros señalan que la Provincia tiene plena potestad para regular las funciones de sus agentes. Esa postura es compartida por algunos constitucionalistas, como Néstor Sagüés, y altos exponentes de la Justicia provincial.Afirman que la Provincia puede exigir que se garantice la prestación de la salud a través de guardias mínimas. "Así como la Provincia ejerciendo su federalismo estableció la estabilidad del empleado público, también puede reglamentar guardias mínimas", comparó un catedrático. En esa línea, también opinó que la Provincia, como poder concedente del transporte público interurbano, puede exigirles a las empresas que cumplan con diagramas de emergencia cuando hay paros.En el marco de la discusión planteada, no son pocos los que consideran que lo más saludable sería dar el debate legislativo, que no implica que se deban aprobar normas que vulneren el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional ni se altere la legislación de fondo."No se puede amenazar con un paro cuando se quiere debatir un tema en democracia", señalan en el Centro Cívico. "El derecho de huelga no puede ser regulado bajo ningún aspecto", retrucan los jefes cegetistas.Hace dos semanas, los vecinos de la ciudad de Córdoba volvieron a sufrir el padecimiento de quedar de a pie, sin aviso previo, por los paros en el transporte urbano de pasajeros. Los más perjudicados son siempre los sectores más vulnerables.Si bien Decara se reunió el martes pasado con el titular del bloque de legisladores de la UCR, Eduardo Yuni, hasta ahora se desconoce si algún legislador de esa bancada impulsará la propuesta del ombudsman .Cuando se intentó darle trámite parlamentario al proyecto en marzo pasado, el radicalismo y el resto de la oposición se opusieron por interpretar que el tema era de competencia federal.Inclusive dentro del propio bloque oficialista no se contaba con los votos para aprobar el proyecto. Lo que sí trascendió es que la semana que viene el defensor del Pueblo se incorporará a la comisión multisectorial que se constituyó en la Unicameral para consensuar acciones entre distintos sectores cuando hay una medida de fuerza. Exponentes de la Justicia señalan que en los países desarrollados hay estándares jurídicos que garantizan los servicios básicos durante las huelgas. El desafío pendiente es dar el debate.