La corrupción, algo abstracto

Hay una corriente de opinión que relativiza al extremo los datos, al punto de considerar casi nula la evidencia empírica. Sostiene que importan los marcos conceptuales por encima de los indicadores, generalmente difíciles de refutar. En esa línea, la corrupción pasa a ser una especie de abstracción, sólo producto de la intuición de los ciudadanos e inasible para los magistrados. Los jueces suelen argumentar que no pueden combatir la corrupción porque carecen de herramientas prácticas y de pruebas contundentes.Hemos dicho reiteradas veces que los fondos de las campañas electorales pueden ser considerados el germen y el fruto de actos corruptos. Germen, porque algunos aportes para financiar actividades proselitistas pueden llegar a tener una contraprestación varias veces superior al monto aportado, cuando el candidato auspiciado llega a un determinado cargo; fruto, ya que las campañas de los que están o estuvieron en el gobierno suelen ser descomunalmente más caras que las de sus adversarios (revisar las últimas de Cristina Fernández o José Manuel de la Sota para constatar ese desequilibrio).Esos dineros son muy difíciles de rastrear, es cierto, pero los jueces tienen escasa o nula vocación para hacerlo.Repasemos dos casos, uno para la Justicia federal y otro para la provincial.En 2009, después de la elección de diputados y senadores nacionales, este diario publicó un informe que demostró cómo varias fuerzas políticas, con el justicialismo y el kirchnerismo (iban separados) a la cabeza, habían violado abiertamente el tope que impone la Ley Electoral Nacional para gastos de campaña y habían sido financiados por empresas que no deberían haberlo hecho, por ser contratistas del Estado. Con un simple trabajo periodístico de consultas de fuentes y documentos, le mostramos a la Justicia Electoral federal que le habían mentido con descaro. Sin embargo, ningún juez ni ningún fiscal movió un dedo para conocer en qué lo habían engañado.El año pasado, después de la elección de gobernador, La Voz del Interior volvió a mostrar cómo se habían violado los topes de gastos previstos en la legislación, en especial Unión por Córdoba. No fue necesaria una compleja investigación; sólo el cotejo de algunos datos elementales.Con ese relevamiento, pudimos mostrarle a la Justicia Electoral provincial que casi todos los partidos le habían mentido en sus balances de campaña, en lo gastado, en la composición de las erogaciones y en los orígenes de los fondos. Otra vez, ningún juez ni fiscal se interesó, aunque más no sea por curiosidad, en saber en qué le estaban falseando.La municipal de Córdoba también implicó un récord de erogaciones. Ahora aparecen nombres de contratistas que podrían recibir un trato especial. Pero la legislación de la capital provincial es tan atrasada que ni topes de gastos establece.Los datos no revelan demasiado. Son sólo una muestra de que interés en combatir la corrupción no es lo que sobra.