La CGT endurece el reclamo salarial, pero apoya el modelo

Buenos Aires. La conducción de la CGT endureció su reclamo salarial y ratificó su acompañamiento al "modelo" impulsado por el Gobierno nacional, pero dejó claro que pretende mantener una "relación madura" con la administración de Cristina Fernández. El posicionamiento de la central sindical se produjo en forma orgánica durante una reunión de su consejo directivo encabezado por Hugo Moyano, a casi un mes de que la Presidenta desconociera sus pretensiones de ocupar lugares expectables en las listas de candidatos legislativos nacionales.El endurecimiento de la CGT se tradujo en la demanda de un aumento de más de 40 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, un porcentaje que supera ampliamente el 28 por ciento promedio de las negociaciones colectivas.De este modo, la central sindical pedirá que el salario mínimo sea llevado de los actuales 1.840 pesos a 2.600 cuando el mes próximo, probablemente antes de las elecciones internas del 14, se reúna el consejo que integran el Gobierno y las cámaras empresariales."Después de analizar las distintas variantes, incluida la inflación, consideramos que ese debe ser el piso", dijo a este diario el titular del sindicato de canillitas, Omar Plaini, integrante del consejo directivo.El pedido de la CGT supera ampliamente al que estaría dispuesto a convalidar el Gobierno, que rondaría llevar el salario mínimo a los 2.300 pesos.Otra demanda con la que insistirá la CGT es la eliminación del tope para el cobro de asignaciones familiares. Actualmente ese beneficio deja de pagarse a partir de un salario de 4.800 pesos. "Estamos elaborando una presentación que contemple la eliminación de los topes de esas asignaciones, que hoy establecen diferentes escalas. Es altamente discriminatorio", afirmó el dirigente del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, quien insistió en restablecer el concepto universal de esas asignaciones, modificado durante el gobierno de la Alianza.El endurecimiento cegetista, sin embargo, tuvo un límite. Durante la reunión se comenzó a analizar la posibilidad de reclamar un aumento del mínimo a partir del cual los asalariados pagan el impuesto a las Ganancias, dijo el sindicalista de los judiciales, Julio Piumato, Pero no hubo definición al respecto. Tampoco hubo resolución sobre la deuda del Gobierno a las obras sociales sindicales. Suman unos 10.000 millones de pesos que el Ejecutivo se comprometió a pagar en cuatro cuotas, pero de las que sólo efectivizó una primera. Los reclamos fueron acompañados por una ratificación de respaldo al "modelo", en un intento por negar el malestar que generó en la CGT que la Presidenta haya excluido a sindicalistas de los primeros lugares de las listas. "Vamos a tener una relación madura (con el Gobierno) y continuar con la defensa de quienes nos han elegido, que son los trabajadores. Nosotros seguimos acompañando este modelo porque es la garantía para profundizar el camino", subrayó Schmid.