La asignación por hijo deja fuera a 2,8 millones de niños

El Estado nacional está destinando una importante cantidad de recursos al financiamiento de uno de los programas clave para reducir el nivel de pobreza: el régimen de Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUPS).Para 2010, el costo estimado es de 8.400 millones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) saca de los ingresos que obtiene de aportes y contribuciones de trabajadores formales y empleadores y de recursos tributarios. De todos modos, el Estado se está ahorrando por otro lado unos 4.100 millones de pesos que antes se destinaban a planes sociales.Pero, pese a que la intención del Gobierno era que todos los menores de 18 años estuvieran alcanzados por una asignación, todavía un 20 por ciento de esos niños y adolescentes carece de cobertura. Esta es la principal conclusión que se extrae de un trabajo de Proyecto Sur, que integra el diputado y miembro de la CTA Claudio Lozano, que evalúa el programa implementado a fin de 2009 por la Nación.Según los últimos datos disponibles, 2,81 millones de niños argentinos no cuentan con ninguna protección a la niñez. Si a estos se agregan unos 850 mil que son beneficiarios de planes sociales solamente, hay cerca de 3,7 millones de menores que quedan fuera del derecho a recibir una asignación por hijo, 27 por ciento del total.Lozano agrega que los 2,8 millones que quedan fuera pertenecen a hogares cuyos padres no están registrados en las bases de la Anses ni de las provincias, por lo que "se trata del núcleo duro (estructural) de pobreza de nuestra sociedad".Aunque reconoce como un avance significativo el hecho de que 3,4 millones de niños cuenten con la AUPS, remarca que este programa de ninguna manera es universal, como se pretende.Por otra parte, debido a que los beneficiarios de la AUPS en muchos casos reemplazaron planes ya existentes (para desocupados o para la niñez), sólo 1,32 millón de niños que antes no tenían cobertura ahora sí cuentan con un beneficio. Esto es, casi el 10 por ciento de los menores.Si se cuenta la depuración de los padrones de beneficiarios de planes sociales antes y después de la AUPS, la población excluida de cualquier tipo de cobertura a la niñez pasó de 4,4 millones a 2,8 millones. Es decir, se incorporaron 1,5 millón de niños, con lo cual la exclusión se redujo en un 35 por ciento pero aún queda un 65 por ciento fuera del sistema.Poco universal. La mayor crítica que los miembros de Proyecto Sur realizan a la iniciativa oficial (que, cabe recordar, se implementó luego de una fuerte presión de la oposición en el Congreso por proyectos similares) es que, pese a su nombre, tiene poco de universal.Más aún, critican que con esto se conforma "un sistema de cobertura de la población menor absolutamente heterogéneo y desigual donde cada menor tiene un precio diferente de acuerdo con la condición laboral de sus padres y los programas sociales a los que logren acceder".Así, de los 13,6 millones de menores de 18 años que hay en Argentina, 6,6 millones (48,3 por ciento) reciben un beneficio por ser hijos de trabajadores formales (tanto la asignación familiar del tramo contributivo como a través de la deducción permitida del Impuesto a las Ganancias).Otro 6,2 por ciento sigue percibiendo distintos tipos de planes sociales y casi 25 por ciento recibe la AUPS. En cada uno de estos casos, los montos asignados a cada niño son diferentes.Por esta razón, Proyecto Sur propone establecer la "universalización en serio" del régimen de asignaciones familiares.Este sistema unifica todos los vigentes y otorga a los niños argentinos una asignación por hijo, por discapacidad, una ayuda escolar anual, además de las prestaciones por nacimiento y prenatal. Además, mantiene las diferencias por estratos de ingresos y regiones geográficas.Según los cálculos de los propulsores de la iniciativa, esta universalización tiene un costo neto de 25.700 millones de pesos al año (el bruto es de 53.900 millones de pesos, financiado en parte por los programas actuales y el autofinanciamiento).Para cubrir este monto, se propone una reforma tributaria sobre los siguientes pilares: eliminación de exenciones en el Impuesto a las Ganancias (1.400 millones de pesos), restitución de contribuciones patronales a grandes empresas (16.800 millones), nuevo esquema de regulación del petróleo y el transporte (16.705 millones), replanteo de las exenciones en gasto tributario y regímenes de promoción económica (subsidios), por 9.445 millones, y reforma fiscal progresiva sobre la base de los impuestos patrimoniales (unos 11.500 millones).