Judicialización de la política y festejos contradictorios

Cada vez que algún opositor, en cualquiera de los niveles de gobierno, denuncia un hecho de corrupción, algún vocero del oficialismo lo contrarresta con el argumento de que se pretende judicializar a la política. El caso que nos ocupa (la definición, por parte del Poder Judicial de la Nación, de si la reforma judicial y electoral que impulsó el Gobierno nacional es o no constitucional) es otro ejemplo de judicialización de la política; pero, en este caso, en la variante más delicada para el sistema democrático, ya que afecta el sufragio, la voluntad popular, ese fundamento primordial de la democracia desde los griegos hasta ahora.Que a menos de 70 días de las elecciones primarias esté dependiendo de los jueces lo que los ciudadanos vamos a encontrar en el cuarto oscuro el 11 de agosto y el 27 de octubre próximos, evidencia, por lo menos, una grave improvisación que pone en riesgo el sistema.¿Cuáles son los riesgos? Hay dos que son evidentes. El primero, denunciado hasta el cansancio por la oposición, es de carácter institucional: que la reforma del Consejo de la Magistratura le concederá al oficialismo nombrar a jueces y fiscales amigos y destituir a los magistrados no alineados, prácticamente sin obstáculos. El segundo riesgo es que el mecanismo electoral diseñado por el Gobierno nacional para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura le permitirá al poder central manipular el mensaje de las urnas.Si la Justicia avala la reforma, tal como la impulsó y la aprobó el kirchnerismo (con exigencias proscriptivas para los partidos que no tienen una estructura nacional, como la que posee hoy el PJ-Frente para la Victoria), la elección de los consejeros de la Magistratura permitirá al Gobierno nacional decir –en agosto y en octubre– que ha "ganado" la elección. El kirchnerismo podrá perder diputados y senadores nacionales, incluso perder la mayoría en alguna de las cámaras. Pero, con toda la fuerza de su relato, intentará imponer que ha triunfado una vez más.Será –si es que sucede–un festejo llamativo: el proyecto nacional y popular ya no tendrá los votos suficientes para aprobar sus leyes en el Congreso. Pero estará seguro de que tendrá protección judicial si incumple las que están.