Interpretaciones para un caso complejo

Zlata Drnas de Clement, titular de la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que el caso Apablaza es "político" y que difícilmente se llegue a una instancia de trámite judicial internacional por este tema. "A los Tribunales, como la Corte Interamericana, Chile no puede ir porque han sido creados solamente para que un individuo vaya contra su Estado por violación a los derechos humanos. Podría ir a la Corte Penal (de La Haya), pero sería extemporáneo por que la Corte no es retroactiva. El hecho (el crimen del senador Guzmán) ha sido cometido cuando el Estatuto todavía no estaba en vigor", precisó Zlata Drnas de Clement durante una comunicación con este diario. La académica se refirió a los artículos 11 y 24 del Estatuto de la Corte Penal, refrendado en 1998 (el crimen del legislador fue en 1991). El segundo de estos artículos señala: "Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor". La otra biblioteca. Sin embargo, los parlamentarios chilenos aclaran que lo que se reclama en esta instancia no tiene que ver con el crimen de Guzmán, sino con la negativa de la Argentina a dar curso a la extradición de Apablaza y la eventual violación de tratados internacionales. Para Drnas de Clement "Podría ir (Chile) a la Corte Internacional de Justicia, pero no hay un hecho que lo justifique. La Corte (Suprema) Argentina, de hecho, ha dicho que es un delito común y que (Apablaza) debe ser extraditado. Está mal dicho refugio; es un asilo territorial. Ese asilo territorial es una decisión graciable de la jefa del Estado que le puede generar tensiones política, pero nada más. Este es un delito penal común; por eso, con más razón, es derecho internacional privado y no público". Por su parte, el constitucionalista Antonio María Hernández afirmó que la Argentina "asumió compromisos en la lucha contra el terrorismo y ante esto hay que ver en qué condiciones se puede dar, o no, el asilo. Es cierto que es un a facultad del Poder Ejecutivo, pero hay que ver si se violó algún tratado internacional", sostuvo Hernández. Dijo que una conclusión "política" radica en que la Presidenta Cristina Fernández tiene atribuciones (para decidir sobre el asilo del ex guerrillero), pero las utilizó de una manera muy imprudente llevándonos a un choque en las relaciones con Chile"."Tengo la impresión que la Presidenta pasó por alto no sólo la opinión de la Corte Suprema de Justicia argentina, sino también los artículos de la Convención Interamericana contra el Terrorismo", ahondó el ex diputado nacional.