Inesperada intervención ante una luz de alarma
El conflicto desatado en el Poder Judicial de Córdoba por el reclamo gremial para conseguir un “enganche” porcentual con lo que cobran los vocales del alto tribunal encendió la luz de alarma en el Centro Cívico.
El conflicto desatado en el Poder Judicial de Córdoba por el reclamo gremial para conseguir un "enganche" porcentual con lo que cobran los vocales del alto tribunal encendió la luz de alarma en el Centro Cívico. Aunque el Gobierno provincial hasta último momento fue reticente a intervenir en las cuestiones de un poder autónomo como el Judicial, el agravamiento de la situación sin que se visualizara una salida llevó al Ejecutivo a convocar a una mesa de diálogo, que fue aceptada por las partes. Además de la amenaza de la paralización total de la Justicia –poco más de dos meses antes de las elecciones legislativas–, la invitación al diálogo fue también una salida política, más allá del resultado que se logre en esa mesa de negociación. En el Gobierno provincial consideran que resulta imposible otorgar mayores recursos al Poder Judicial, más allá de la pauta salarial del 26 por ciento anual otorgada a todos los estatales, incluidos los judiciales. Descuentan que si a los empleados de Tribunales se les otorgaran unos puntos más para morigerar sus reclamos hasta que se defina la porcentualidad, al día siguiente estarían haciendo cola los dirigentes de todos los gremios estatales para exigir igual trato salarial, con el consiguiente efecto "cascada".El reclamo para que a los judiciales se les aplique el sistema de porcentualidad, que por caso rige en Santa Fe, es legítimo desde el punto de vista gremial. Era una demanda anunciada a partir de la equiparación salarial con la Justicia Federal que consiguieron los magistrados provinciales y que rige desde el año pasado. El Colegio de Abogados de Córdoba sostuvo que era previsible que los empleados de Tribunales pidieran para sí el mismo derecho salarial otorgado a los magistrados. El alto tribunal aceptó tratar en la mesa de diálogo la porcentualidad para eventualmente llevarla a un proyecto de ley que deberá ser aprobado por la Legislatura. Por lo pronto, el Gobierno y el alto tribunal consiguieron sacarse una brasa caliente. Y el gremio coló su anhelo en la agenda oficial.

