Hacia una doble estructura de funcionarios políticos

La ley 9.163, votada en los últimos meses de José Manuel de la Sota en la gobernación, estableció que casi todos los cargos que históricamente conformaron la "planta política" de la Provincia debían ser concursados, con el supuesto objetivo de que esos importantes mandos medios que son los que garantizan la correcta aplicación de las políticas públicas estén en manos de técnicos alejados de la política.

El argumento es discutible. Pero la ley salió por unanimidad.

Es lo que ahora dicen los funcionarios de Juan Schiaretti de cara al llamado a concurso para ponerles nombre y apellido a esos puestos -que serán permanentes- luego de confeccionar una estructura orgánica que sumó centenares de cargos a los ya existentes, incluyendo algunos de nombre cómico y funciones más graciosas, y de cubrir casi el 70 por ciento de esos puestos con designaciones políticas.

Si las intenciones declamadas son las reales y no se trata -como sostiene la oposición- de un artilugio para garantizarles continuidad a los militantes que hoy ocupan los cargos, hay varias cosas que se están haciendo mal en este concurso.

Si realmente se buscan los mejores cuadros técnicos en materia de administración de políticas públicas, el esquema exige, como mínimo, convocatorias a concurso de amplísima difusión pública, a los fines de garantizar que quienes están realmente capacitados se presenten. No es el caso de este llamado: un Gobierno que realiza profusas campañas con sus obras, a la hora de convocar al concurso para designar a los ocupantes de 747 cargos estratégicos apenas cumplió con la publicación en el Boletín Oficial y con pequeños avisos también exigidos por ley. Para enterarse de qué se trata, hay que ir a la web oficial.

Pero, sobre todo, el esquema reclama transparencia meridiana. El hecho de que los tribunales que deberán juzgar a los postulantes estén conformados por funcionarios del Gobierno, militantes y representantes gremiales no ayuda en nada.

Hay jurados que carecen de título de grado -aunque cuentan con afiliación y realizaron aportes de campaña- y deben evaluar los conocimientos de profesionales. No hay un solo representante del sector académico en esta provincia universitaria por historia y por presente.

A no ser que haya planteos judiciales, parece imposible que los concursos se detengan. Todo indica que el 24 de setiembre serán designados 747 directores, subdirectores y jefes de área que acompañarán al futuro gobernador. Esto implica que quien gane las elecciones apenas podrá nombrar ministros, secretarios y subsecretarios: menos del 20 por ciento de la orgánica.

El concurso no abunda en garantías de que ganen los mejores. Lo que sí parece garantizar es que los impuestos que pagan los cordobeses deberán solventar desde el 10 de diciembre de 2011 una doble estructura jerárquica: la que designe ahora Schiaretti y la que después nombre el futuro gobernador para garantizarse hombres de confianza. Será así sin dudas, a menos que Unión por Córdoba se perpetúe en el poder.