Gremios se oponen al proyecto de limitar paros

El proyecto de ley de tres legisladores peronistas que apunta a garantizar los servicios esenciales durante las huelgas generó un rotundo rechazo de todo el arco gremial cordobés. Las dos CGT de Córdoba coincidieron en realizar mañana un plenario, del cual saldrá un fuerte rechazo a la iniciativa.La CGT Regional Córdoba es conducida por dos gremialistas cercanos al Gobierno: el exministro de Trabajo, Omar Dragún, y José Pihen, legislador provincial y titular del Sindicato de Empleados Públicos. La CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña es encabezada por Mauricio Saillén (recolectores de basura), pero está integrada por otros encumbrados dirigentes como Gabriel Suárez (Luz y Fuerza) y Rubén Daniele (Suoem). Los dirigentes de las dos centrales obreras mantuvieron ayer contactos para acordar el plenario de mañana, que se realizará en un lugar emblemático: el museo histórico de los trabajadores, en la segunda cuadra de la avenida Vélez Sársfield, en el centro de Córdoba. "El plenario decidirá las medidas que tomaremos, pero sin dudas que habrá un fuerte rechazo a este proyecto. Esto ya se lo comunicamos en su momento al gobernador De la Sota, cuando en enero pasado había versiones de una iniciativa de este tipo", aseguró Pihen, quien además preside la Comisión de Trabajo en la Legislatura, uno de los estamentos que debe tratar el proyecto. El titular de la UEPC (docentes) Juan Monserrat, también adelantó un rotundo rechazo a esta propuesta, que nace de legisladores peronistas. "Será una discusión inútil, porque las provincias no pueden legislar sobre el derecho a la huelga", afirmó el titular del gremio de los docentes. Pese a que ayer fue sábado, hubo contactos entre algunos dirigentes gremiales y altas fuentes del Gobierno provincial. Desde el Centro Cívico dejaron en claro que es una iniciativa de tres "importantes" legisladores oficialistas, pero que el Poder Ejecutivo no está involucrado. Esta certeza llevó cierta tranquilidad a los gremialistas más cercanos al delasotismo, ya que de tratarse de un proyecto del gobernador, iba a tener mayor respaldo político. Los firmantes La iniciativa lleva las firmas de tres de los principales legisladores de Unión por Córdoba y apunta a garantizar guardias mínimas en los denominados servicios "esenciales", cuando se realizan reclamos gremiales. En enero pasado, las dos CGT provinciales ya habían expresado su rechazo a una iniciativa de este tipo, cuando el gobernador José Manuel de la Sota se pronunció de manera pública en que había servicios básicos que se debían prestar, más allá de cualquier reclamo gremial.De la Sota habló del tema, luego de la huelga de los policías del 3 y 4 de diciembre pasado, que dejó sin seguridad a la ciudad de Córdoba, lo que generó un ola de saqueos que afectó a toda la Capital.En aquel momento, hubo un fuerte rechazo de los gremios. El clima de confrontación se calmó cuando De la Sota envió una carta personal a las centrales obreras, garantizando que en el Poder Ejecutivo no se analizaba un proyecto para limitar el derecho a la huelga.En una audiencia que luego concedió a los gremialistas, el gobernador reiteró que no impulsaría una propuesta en este sentido. Intento formal Más allá de aquellos dichos del gobernador, ahora hay un intento formal del PJ de limitar las protestas, en algunos servicios que se consideran "esenciales", como salud, educación, justicia, transporte, energía y recolección de residuos. El viernes pasado, con las firmas de Oscar González (presidente provisorio de la Legislatura); Sergio Busso (titular del bloque oficialista de Unión por Córdoba) y Carlos Gutiérrez (vicepresidente del bloque), ingresó un proyecto de ley denominado "Garantías para el acceso a los servicios esenciales", que apunta a los objetivos que en su momento hizo públicos el mandatario provincial.Pero Busso trató ayer de desligar al Gobierno provincial de esta propuesta. "Hemos trabajado sobre este proyecto y lo presentamos con el objetivo de abrir un debate sobre el derecho que tienen los usuarios a no quedar desprotegidos ante una protesta. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver, lo presentamos tres legisladores y será debatido en la Legislatura", dijo el titular del bloque oficialista.Busso admitió que esta iniciativa puede generar roces con los gremios. "Es un proyecto que se debe debatir. Se puede modificar y estamos dispuestos a escuchar a todas las fuerzas políticas. Si se aprueba, es porque tendrá respaldo político necesario. Así de simple", aclaró Busso.

Servicios esenciales. El proyecto enumera a salud, educación, recolección de residuos, transporte, justicia y energía.

Comisión. Se crea una comisión técnica de cinco miembros, aprobados por la Legislatura, que será autoridad de aplicación sobre los servicios esenciales.

Aviso. Los gremios que impulsen medidas de fuerza en los servicios esenciales deberán avisar con 48 horas de anticipación y hacer público el plan de atención. Se prevén penas de hasta 30 días de arresto.

José Pihen. Legislador provincial (PJ) y titular del SEP. "Convocamos a un plenario de ambas CGT para el próximo lunes. Allí se resolverán las medidas por seguir, pero podemos adelantar que nos opondremos de manera terminante a este proyecto".

Sergio Busso. 

Presidente del bloque del PJ y uno de los autores. “Es un proyecto en el cual trabajamos tres legisladores. Habrá un debate en la Legislatura y se puede mejorar. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver en esta propuesta. Buscamos beneficiar a los usuarios”.

Juan Monserrat. Secretario general de la uepc (docentes provinciales). "Ningún gremialista puede apoyar un proyecto de este tipo. Pero, además, será una discusión inútil, porque las provincias no pueden legislar sobre el derecho a huelga, que es de entidad nacional".

Gabriel Suárez. Titular de Luz y Fuerza y de la CGT Rodríguez Peña. "Este proyecto tiene el inocultable propósito de limitar el derecho de huelga garantizado por la Constitución Nacional, con el agravante de que prevé el arresto de hasta 30 días. Es un proyecto antiobrero".