Gobiernos autoritarios y corrupción siempre se complementan

Juan Carlos Vega es abogado, fue diputado nacional por la Coalición Cívica y en 2010 presentó un proyecto de reforma del Código Penal orientado a endurecer las penas previstas para casos de enriquecimiento ilícito y corrupción. La iniciativa tuvo estado parlamentario, pero nunca se trató.

-Cuando fue titular de la comisión de legislación penal en la Cámara de Diputados promovió un proyecto sobre corrupción. ¿Qué implica este fenómeno y qué gravedad cree que tiene en el país?

–La corrupción es una endemia social que tiene plurales causas. La debilidad de la ley penal es una. No puede ser que el Código Penal argentino castigue con seis años de prisión el robo de una moneda de un peso y con ridículas multas de 300 pesos o 3.000 pesos a un soborno o a un enriquecimiento ilegitimo de millones de dólares. La segunda causa es la justicia: tenemos jueces a los que les molesta muchísimo juzgar al poder. Hay una larga tradición en Argentina que dice que un juez prefiere juzgar 10 robos, 15 homicidios y no un acto de corrupción. La tercera causal es la debilidad de la sociedad frente a la corrupción. Tenemos una matriz cultural profundamente autoritaria pero al mismo tiempo muy “livianita” con la corrupción. La vemos asociada a la eficacia en la gestión gubernamental: “roba, pero hace”.

Sin cultura autoritaria, no tendríamos la propensión a gobiernos autoritarios, que son el complemento indispensable para darle continuidad a la corrupción. No hay posibilidad de inclusión social, es decir justicia social, en un contexto de corrupción. Además, hay una zona económica de corrupción que se calcula, en los países de alta corrupción como Argentina, que va entre el 15 y 25% del Producto Bruto Interno. Casi un cuarto del total de bienes y servicios que produce un país en un año determinado.

– ¿Qué consecuencias tiene una zona de corrupción tan alta?

–Basta ver los índices de percepción de corrupción y medirlo con el coeficiente de Gini, que mide igualdad y desigualdad de cero a cien: a mayor corrupción, mayor índice de brecha distributiva de ingreso social, mayor desigualdad social.

-¿Qué planteó su proyecto de reforma del Código Penal, orientada hacia los delitos contra la administración publica?

–Plantea responsabilidad penal de la personas jurídicas. Prevé responsabilidad penal y financiera, supresión de la personalidad jurídica y prisión de sus directivos en caso de comprobarse actos de corrupción.

Se proponen agravantes punitivos a las figuras penales de corrupción, soborno, cohecho, dádivas y enriquecimiento ilícito. Pero tampoco la zoncera de las “leyes Bloomberg” donde había aumento punitivo, porque no queremos que el empleado de la municipalidad que se roba dos lápices termine con diez años de prisión, sería absurdo. El mayor agravante es para el juez corrupto, que es “el peor del grado” en materia de corrupción. También se propone el decomiso anticipado de bienes. Actualmente no hay decomiso hasta la sentencia definitiva, y como sentencia definitiva no hay, nunca se devuelve la plata.

-¿Cómo ve el compromiso de las actuales autoridades del país con este tema?

-Ninguno. Lo he visto en el Congreso, con mi proyecto. Cuando llegó el momento de que sea aprobado en el recinto me dijeron: “no es prioridad política tu proyecto”.

Toda una definición, porque se habla de combatir la corrupción en términos sistémicos: de economía, de seguridad jurídica, de inversiones.

Porque no nos damos cuenta de que es el “huevo de la serpiente”, como en la película de Bergman.