Giacomino puso en funciones a la Junta Electoral municipal

El intendente de Córdoba Daniel Giacomino firmó ayer el decreto a través del cual puso en funciones a los miembros de la Junta Electoral municipal el organismo responsable de realización de los comicios que se realizarán el 18 de septiembre próximo. Se trata de los jueces del fuero Civil Guillermo Laferriere, Leonardo González Zamar y Rodolfo Ruarte, quienes ya habían sido designados por el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, de acuerdo con lo que establece la Carta Orgánica municipal.Con esta medida, la Junta podrá comenzar a tomar decisiones y avanzar en la organización de la elección, a pesar de que Giacomino todavía no ha firmado el decreto oficial de convocatoria. En el municipio señalaron que la demora obedece a que todavía está en debate, en el Concejo Deliberante, el sistema electoral que se utilizará.Sucede que los concejales están demorados porque no han podido escuchar todas las voces. La semana pasada, los ediles invitaron a los designados miembros de la Junta a que concurrieran al Concejo para aportar ideas al debate sobre la normativa electoral, pero los jueces respondieron que no podían concurrir porque, en realidad, no habían sido puestos en funciones por el intendente.Según trascendió, la demora tuvo que ver con una exigencia económica que el Tribunal Superior le impuso al intendente municipal. "Por adelantado". La exigencia es el depósito, en una cuenta bancaria, del dinero equivalente a los 25 "jus" mensuales que cobrará cada uno de los magistrados, en concepto de viáticos y gastos, por la función que ejercerán durante cinco meses. El monto total que debe depositar el Ejecutivo municipal es 39 mil pesos. Fuentes judiciales indicaron que el pago "adelantado" se exige porque los miembros de la Junta electoral que organizaron los comicios municipales de 2007 recién cobraron sus viáticos tres años y medio después. Hasta ayer, la no proclamación de la Junta, por parte de Giacomino, había demora todo el proceso electoral municipal. No se había podido alquilar un local para que funcione el organismo y tampoco se había podido contratar a personas para que asistan a las autoridades electorales en la tramitación previa de los comicios.