Gambetear la ley, pese a haber sido advertidos

Si hay una expresión de la cual aprendimos a desconfiar es de aquella de los funcionarios públicos respecto de su voluntad de someterse a todo tipo de controles y de cumplir con los preceptos legales en materia de transparencia. La tendencia a sortear las instancias de control se repite más allá de los contextos, como el actual, en los que la discusión sobre los millonarios manejos de la corrupción y sus múltiples secuelas ocupa un lugar central en la agenda pública. La tentación a la gambeta a la legalidad se impone de forma repetida a aquella declamada vocación de transparencia.Ha quedado claro, como simple botón de muestra, con la obligación que tienen los funcionarios públicos de la Provincia de presentar, al asumir el cargo, su declaración jurada patrimonial.Hace poco más de tres semanas, cuando Juan Schiaretti y todo su equipo de gobierno llevaban más de siete meses de gestión, La Voz pidió explicaciones al Ejecutivo provincial sobre las razones de por qué tantos funcionarios no habían difundido la síntesis de su declaración de bienes como marca la ley. A las pocas horas, aparecieron unas cuantas subidas.Publicamos la nota el pasado domingo 17 de julio, destacando incumplimientos y omisiones entre quienes las habían presentado. A partir de eso, fueron varios los que ajustaron sus números, incluido el propio gobernador.Pero la sorpresa es que hay funcionarios que, aun después de la publicación, siguen sin cumplir con la expresa obligación de declarar sus bienes.Ya fue dicho y repetido que ese tipo de manifestaciones patrimoniales no son garantía alguna de transparencia. En general, los incrementos indebidos no son declarados. Pero en muchos casos los ciudadanos no tienen ni un solo elemento de la declaración inicial para empezar una comparación.De esta cuestión, una vez más y como parte de una saga de notas que abarca otras áreas del Estado, se ocupa la sección Primer Plano de esta edición.