Fiscal pidió cerrar la causa por contradenuncias de Boudou

Buenos Aires. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer sobreseer a todos los imputados en una denuncia hecha por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, al entender que no puede acusárselos de ninguna conducta delictiva, en un escrito enviado al juez del caso, Ariel Lijo, quien tendrá la última palabra. El pedido de sobreseimiento fue cursado a favor de los abogados María José Labat, Ana María García, Fabián Musso, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi y Antonio Tabanelli.El 9 de abril pasado Boudou denunció que el estudio de abogados de Labat y García, esposas del ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro y del ex procurador General de la Nación Esteban Righi, respectivamente, había intentado ser contratado primero en el ANSES y luego en el Ministerio de Economía con el argumento de su capacidad de "lobby" con jueces y fiscales federales.Además denunció a Gabbi y Tabbanelli por un supuesto intento de soborno para que favoreciera a la empresa Boldt en un contrato de impresión de billetes y en la posesión de la planta que pertenecía a la ex Ciccone.Di Lello reseñó que tras convocar a varios testigos no pudo probarse la existencia de delito y por eso planteó los sobreseimientos "habida cuenta de que contra los nombrados se han dirigido en la denuncia diversas imputaciones, y en la tesitura de que ninguna conducta delictiva es posible arrogar a los nombrados, por cuanto los hechos investigados no encuadran en una figura legal".El fiscal entendió que no pudo descubrirse el contenido de las audiencias entre Boudou y los por él denunciados."La firme postura denotada por cada una de las partes así también ameritan lo dicho, dejando ver que el contenido de estas audiencias, quedará sepultado en el consciente de sus protagonistas y jamás podrá ser revelado, por cuanto ninguna prueba resta por producirse que permita arribar al conocimiento" de lo ocurrido, afirma Di Lello.En cuanto al presunto intento de sobornos por parte de Gabbi y Tabanelli, consideró que no se ha podido determinar "que haya existido un ofrecimiento concreto de dinero por parte del implicado por el denunciante ni mucho menos así tampoco que éste hubiera operado por cuenta de algún tercero con interés en influir sobre el entonces ministro con el fin de obtener alguna prebenda de su parte, ya sea por acción u omisión".En otro orden, también se conoció que Di Lello quiere conocer fehacientemente quiénes eran los verdaderos dueños de la ex Ciccone Calcográfica antes de que se formalice la expropiación de esa empresa.La decisión del Gobierno de avanzar en ese sentido ya tiene aprobación legislativa y el pasado martes se publicó en el Boletín Oficial. Pero la identidad de sus ahora ex accionistas mayoritarios sigue sin conocerse, a pesar de que están siendo investigados por la Justicia por el delito de lavado de dinero, entre otras maniobras ilícitas por las que incluso podría ser indagado el propio Boudou.Según publicó diario Clarín , Di Lello le pidió al juez Lijo que libre un oficio a la Casa Rosada y otro al juez comercial del caso, Javier Cosentino, para evitar que los sospechosos anónimos cobren tras la estatización de la compañía sin que antes se conozcan sus nombres.

Apoyo al vice

Apoyo. Afip, a través del contador Guillermo Michel, justificó el salvataje a la quebrada Ciccone y la consulta por ese tema al vicepresidente, Amado Boudou.

En regla. Michel declaró ayer en la Justicia y detalló cómo fue la quiebra de la firma y el levantamiento de esa medida cuando el monotributista Alejandro Vandenbroele se hizo cargo de la empresa. Insistió en que "no hubo una refinanciación extraña".