Casa Rosada. Espionaje y audios filtrados: la Justicia analiza la denuncia del Gobierno por el caso Milei
El juez Julián Ercolini le pidió al fiscal Carlos Stornelli que defina si corresponde abrir una causa por espionaje ilegal tras la filtración de audios de Karina Milei.
El juez Julián Ercolini dio el primer paso en la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad por la difusión de los audios de Karina Milei. Solicitó al fiscal Carlos Stornelli que determine si corresponde abrir una investigación por espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia.
El fiscal aclaró que la investigación no podrá afectar a las fuentes periodísticas, en línea con lo establecido en la Constitución Nacional. Además, descartó la posibilidad de allanamientos inmediatos.
El origen de la denuncia
La presentación judicial fue realizada el lunes por el Gobierno. La ministra Patricia Bullrich afirmó que la filtración forma parte de un ataque contra “una de las principales figuras del oficialismo”.
El reclamo y la hipótesis del Gobierno
En la demanda, se denunció que los audios fueron editados clandestinamente y difundidos con fines políticos en la antesala de las elecciones legislativas. El Ejecutivo pidió prohibir nuevas publicaciones y reclamó peritajes digitales para rastrear el origen de las grabaciones.
El Gobierno sostiene que el objetivo de la filtración fue influir en la opinión pública y generar inestabilidad política y económica. Incluso vinculó el caso con operaciones de desinformación atribuidas a redes internacionales.
El contenido de los audios
En una de las grabaciones, Karina Milei habla sobre tensiones internas en el cierre de listas en Buenos Aires. En otra, describe su extensa jornada laboral en la Casa Rosada.
Implicancias legales
Según la denuncia, estas prácticas violan la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe el espionaje y la manipulación de la opinión pública. El Gobierno advirtió que cada nueva difusión de los audios será considerada una prolongación del delito.
La Casa Rosada considera que la intervención judicial es clave para “proteger la democracia y el proceso electoral”.
