En ningún lugar que no sea una dependencia municipal

Los trabajadores de la alimentación pararon esta semana para pedir la suba de un salario básico de apenas 2.200 pesos, los choferes interurbanos lo hicieron para reclamar el pago de un aumento que las empresas de transporte se niegan cada mes a abonar, los empleados del frigorífico Novara de Toledo salieron ayer a la calle en defensa de sus puestos de trabajo y los empleados de la Municipalidad de Córdoba -que ya tuvieron dos aumentos salariales de 10 y 12 por ciento en lo que va del año, que los cobraron puntualmente y que tienen empleo garantizado hasta el momento de la jubilación- también paralizaron los Centros de Participación Comunal (CPC) y consultorios del área Salud.

Algunas protestas no pueden ocurrir en otro lugar que no sea una dependencia municipal de la Capital.

Como cada vez que hay un reclamo salarial, los municipales salieron a denunciar falta de insumos, problemas con los móviles, inexistencia de uniformes y hasta déficit de infraestructura, para llegar al último punto que es el que importa: el reclamo de pago de horas extras, extensiones de jornada y bonificaciones correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.

Que tres años después una administración deba certificar que sus agentes realizaron horas extras, es algo que tampoco pasa fuera de las dependencias municipales. La tarea es más difícil aún por tratarse precisamente del municipio, donde la rotación de funcionarios fue constante, donde los responsables de entonces ya no están y donde las dificultades para controlar el desempeño de cada agente son enormes.

Se trata de miles de expedientes que, en muchos casos, se demoraron por estar objetados -funcionarios que consideran que esas horas no se trabajaron, por ejemplo- y en muchos otros, por el atraso que impusieron sobre todos los expedientes los 150 días de medidas de fuerza que los empleados municipales realizaron el año pasado.

Así y todo, el municipio viene pagando esas horas extras que se habrían realizado hace tres años. En el último conflicto gremial se había comprometido ante el Suoem a destinar 1,2 millón de pesos al mes a ese concepto, y la administración de Daniel Giacomino cumplió con sobras en tren de pasar un 2010 sin paros: en enero, febrero y marzo destinó siempre sumas superiores a los dos millones de pesos a las horas extras atrasadas y en abril la suma llegó a 3,8 millones de pesos para cancelar esa "deuda salarial", aunque nadie pueda saber a ciencia cierta si las horas en cuestión fueron trabajadas o no.

Bajo el lema de pasar el 2010 en paz con el Suoem, Giacomino también terminó de pagar en marzo una suba salarial escalonada del 10 por ciento y en abril, en una única reunión con el gremio, sus negociadores acordaron otro aumento del 12 por ciento, y prometieron una tercera actualización para el segundo semestre.

Esa política garantiza que el municipio incumplirá nuevamente la ordenanza que estableció que en 2009 no debía destinarse a salarios más del 60 por ciento de los ingresos y que fijó como tope para 2010 el 55 por ciento de los recursos municipales. Pero no impidió el paro que esta semana volvió a resentir los servicios municipales.

Dos hechos ratifican que nada cambió dentro del municipio pese a la batalla que el año pasado Giacomino le ofreció al Suoem: las horas extras que hoy abona la administración son tantas como las que pagaba a mediados de 2009, cuando se anunció un ajuste que transformó a la ciudad en un campo de guerra.

Igual que entonces, las medidas de fuerza son gratis para los municipales: anteayer un funcionario anunció que se descontarían las horas no trabajadas. La propuesta que ayer le presentó el Ejecutivo al gremio incluye la promesa de que no habrá descuentos.