En la Unicameral, cosas como estas no pasan

Los datos proporcionados por el Senado de la Nación sobre la cantidad de colaboradores que llevan, designan y –muchas veces– “establecen” allí los senadores y las autoridades parlamentarias exhiben sin pudor una de las enfermedades de la democracia argentina.

La utilización del empleo público como herramienta de pago y de contención de la militancia provoca estragos en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales.

Los políticos, que siempre encuentran argumentos para justificar sus decisiones, niegan que un número importante de empleados sólo signifique eso. Y muestran las largas listas de proyectos de ley, de resoluciones, de declaraciones en las que trabajaron como para argumentar, con total razón, que semejante volumen de palabras no puede hacerlo una sola persona. Se necesitan varias para atender tanto los asuntos importantes de la administración como los absurdos. Es muy cierto que un senador nacional que debe velar, defender y promover todos y cada uno de los derechos e intereses de la provincia que representa necesita asesores y colaboradores capacitados. Pero 79 empleados por senador, como da el promedio en la Cámara Alta, parece demasiado. Más aún cuando se hace evidente que a varios de los que “trabajan” allí les sobra el tiempo para otras actividades.

Entre tanto dato preocupante se puede rescatar un valor: los ciudadanos pueden conocer cuántos y quiénes son los empleados de sus representantes. Esto es posible porque el Senado publica las listas en un acto de transparencia. Cosa que en el Poder Legislativo provincial no pasa.