Embiste contra el Congreso un toro ya conocido

La arremetida que ha emprendido el Gobierno contra la oposición parlamentaria en estos días tiene un antecedente cercano. Tras su derrota en las elecciones de 2009, el kirchnerismo se dispuso a sacarle jugo a su mayoría sobreviviente. Debía hacerlo en el lapso que le quedaba hasta que entraran en funciones los nuevos congresistas.

Con ese recurso deshilachado, pero eficiente al fin, consiguió sancionar leyes como la 
norma de control de medios y la que estableció la nueva estructura de oportunidades en los partidos políticos.

Y coronó, ya en extraordinarias, con un 
manotazo al Banco Central cuyos efectos 
devastadores perduran hasta el presente.

Cuando en marzo los ganadores de la elección estrenaron realmente sus bancas, el 
escenario había cambiado fatalmente.

Es probable que si la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner no hubiese ocurrido, todos esos artilugios hubiesen sido insuficientes. 
Es historia contrafáctica. Lo cierto es que Cristina Fernández, con aquella estructura normativa que le legó su esposo, encontró la forma de resultar elegida de nuevo, con un alto nivel de aprobación.

La oposición volvió a 
ganar hace un año, tras un proceso político caracterizado por la protesta social en las calles, que el Gobierno nunca pudo neutralizar. Sucedió porque, a diferencia de 2009, los adversarios de Cristina supieron ofrecer un gesto clave de unidad y afirmación sistémica: se comprometieron por escrito a respetar y hacer respetar la Constitución, frente a las 
intenciones de la Presidenta de forzar una 
reforma para la autosucesión.

El dato no pasó inadvertido y, luego, la ­voluntad opositora, inorgánica en las calles, se canalizó a través de las alternativas elec­torales existentes y le asestó a Cristina la derrota de medio término. Pero en el Congreso, por el mecanismo de renovación alternado de sus miembros, el oficialismo mantuvo una mayoría que está utilizando ahora con el máximo rigor.

La oposición, mejor legitimada en las 
urnas, está siendo sometida a las mismas vejaciones de 2009, sin que sus referentes atinen a realizar un planteo unificado y contundente de cara al electorado que los votó.

El kirchnerismo ha conseguido, así, imponer normas de abastecimiento con el rechazo casi unánime del empresariado nacional; una vasta reforma de los códigos Civil y Comercial y su unificación, elaborada en la práctica por magistrados que no deberían legislar las normas sino juzgar sobre su aplicación, y 
una ley de pago soberano de la deuda externa. En este último caso, la decepción ha sido tan 
notoria como la sobreviniente al tratado con Irán por el caso Amia. Ya se anuncia la pronta derogación del pago soberano para facilitar un acuerdo con los fondos buitre.

También salió con fritas la nueva Ley de Hidrocarburos, que consagró una asignación discriminatoria y sospechada de favoritismos espurios de la renta petrolera, que se prevé como el principal recurso estratégico del país.

Ninguno de esos atropellos consiguió ge­nerar en la oposición un accionar unificado, una estrategia común. Como en 2009, las candidaturas para el fin de ciclo proliferan como 
hongos, inconexas y hostiles entre sí, ajenas al escenario que está dejando el kirchnerismo como herencia institucional.

Dos perlas adicionales se anotarán en breve. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, presentado ante la tribuna como una respuesta a la demanda por la inseguridad ciudadana, cristalizará en realidad un esquema de fiscales partisanos sub­sumidos al comando del poder en retirada. No cabrá esperar allí ni la 
independencia, ni la ecuanimidad, ni la imparcialidad que deberían caracterizar a quienes asisten a la administración de Justicia.

A su vez, el proyecto de ley de telecomunicaciones y control de acceso a Internet es el reconocimiento de un fracaso y la reiteración de los objetivos de este.

Aquella ley de medios que el Gobierno enarboló como epítome de la democratización de la palabra ha concluido en la conformación de un aparato de inquisición estatal, rapaz 
y corrupto. Pero su objetivo de desterrar de 
la escena pública las voces disidentes no fue logrado.

Para obtenerlo, ya en el respiro final de su mandato, Cristina busca cerrar una alianza con grupos monopólicos en la prestación de servicios públicos desde las privatizaciones de María Julia Alsogaray, y mayoritariamente conformados por capitales extranjeros.

Sabe que enfrente tiene una oposición que le escapa a la acción conjunta como un monje medieval al fantasma de la peste.