El sueldo no se toca

En momentos en los que el relato kirchnerista hace agua, el Gobierno debe asumir un conflicto con la Prefectura y Gendarmería. Y digo “debe asumir” porque descreo de que, a 72 horas de suscitarse esta crisis, la Presidenta y sus ministros hayan admitido el problema en los términos en los que se produjo.

Era urgente y excluyente construir una solución, considerando que se trataba de una disputa salarial –a mi juicio, totalmente entendible–, atravesada por cuestiones como el bienestar de sus familias, a las que se les ha degradado el salario.

Las fuerzas que protestan no tienen la cara pintada con betún, se formaron en la democracia que sostenemos y entre todos conseguimos, se forjaron bajo un principio de autoridad, que se deteriora minuto a minuto mientras el conflicto no se resuelve.

Señora Presidenta, esto no tiene nada que ver con las conjuras de fantasmas que, desde su gobierno, pretenden alimentar.

Pertenezco a un hogar peronista, cuyo padre, militar, murió en situación de retiro, manejando un taxi y esperando, sin suerte, que la Justicia reconociera una parte de su sueldo en negro. Mi madre falleció padeciendo la misma historia con su pensión. Mi hermano, que es coronel –con el traje de San Martín, no con el de Menéndez– sabe que el 60 por ciento de los sueldos de los integrantes de las fuerzas armadas se integra con suplementos, adicionales y los más diversos ítems, los cuales no van al básico ni a la jubilación. Sin ruborizarnos, podríamos hablar de miles y miles de casos de precariedad laboral. Cifras engañosas, que ocultan asignaciones no remunerativas indignantes.

Es preciso tomar la situación con serenidad y mucha determinación: hay que construir una solución por el camino de la dignidad del salario.

Pero claro, esto que expresamos con sencillez, la recomposición del salario, no es materia simple en el diccionario K. Es posible que también desconozcan el hecho de construir autoridad mediante el ejemplo, tratándose de instituciones alimentadas de autoridad como un hábito vertical inapelable. Pueden lucir como licenciados en soberbia, pero reprobarían el más sencillo y clave de los exámenes públicos: dar la cara frente a los yerros propios. Seamos claros, este gobierno, que se dice progresista, debe saber que un padre que trabaja debe satisfacer las necesidades de los suyos con una retribución justa, más allá de que su profesión le imponga un mameluco o un uniforme.

No estamos frente a ningún tsunami, pero, si no se reconocen errores y estrategias abusivas, vamos a adquirir nuestra propia tempestad. ¿O acaso nadie pudo darse cuenta de que, si blanqueaban los haberes según el fallo de abril de la Corte Suprema –seguramente bajo la presión del Ejecutivo–, impactarían de manera drástica sobre el bolsillo de los prefectos? ¿Nadie imaginó que liquidar los haberes según una nueva escala basada en cálculos sobre el sueldo de 2005, sin antigüedad ni adicionales, golpearía la precaria economía de los guardacostas?