El problema de encontrar una salida

El paro en los hospitales provinciales por reclamos salariales se encamina a cumplir cinco meses sin que se vislumbre, en el corto plazo, una solución. La medida de fuerza lanzada por la Unión de Trabaja­dores de la Salud el 26 de septiembre fue sumando adhesiones de otras agrupaciones médicas y, si bien hubo algunas treguas en el huelga, la atención de miles de pacientes que aspiran a ser atendidos no llegó nunca a ponerse al día.En el conflicto de salud –el más prolongado desde la recuperación de la democracia– se mezclan justos reclamos, internas gremiales y también la ausencia o la vista gorda de un Estado, que por la propia Constitución provincial, está obligado a garantizar el derecho de acceso a la salud. Sin duda, de todos los actores del conflicto, el Estado provincial es el que tiene mayor responsabilidad.Desde que José Manuel de la Sota asumió su primer mandato en 1999, la Provincia siempre negoció con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) los salarios del sector público, incluido los de salud. De alguna manera el gremio de los empleados públicos tuvo la concesión del Gobierno de repartir la masa salarial a distribuir. Y el SEP privilegió a lo largo de los años al grueso de sus afiliados dejando relegados a los médicos, la mayoría de los cuales no son siquiera afiliados. Ese reparto generó en los últimos cuatro años un atraso salarial del 30 por ciento en los profesionales de la salud, según el anterior Gobierno.Por eso no está en discusión que el reclamo de los médicos sea justo y el propio De la Sota lo reconoció públicamente. Que un médico, que se capacitó durante nueve años y tiene en sus manos la vida de las personas, cobre 4.900 pesos de bolsillo, exime de todo comentario.El paro es un derecho constitucional, pero también encuentra límites en el derecho de la población a ser atendida cuando su salud está en juego. Si bien la anterior administración tuvo una política errática para manejar el conflicto, pareciera que la actual apunta a que la huelga se caiga por sí misma sin hacer nada. Daría la impresión que a esta altura del paro, tanto los médicos como el Gobierno no tienen en cuenta lo suficiente a las víctimas de la medida de fuerza: los sectores más vulnerables de la población que no pueden ser atendidos si padecen una dolencia.Aunque las urgencias y emergencias estén cubiertas, resulta imposible medir el impacto que tendrá sobre la salud de la población no atacar en forma precoz una enfermedad que puede derivar en una urgencia con el correr del tiempo.Por eso quizá ha llegado el momento en que los médicos, y también el propio Gobierno provincial, replanteen sus posturas pensando más en la gente.