El kirchnerismo sancionó el nuevo Código Procesal

Buenos Aires. El kirchnerismo convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal. Luego de un acalorado debate, la Cámara de Diputados aprobó por 130 votos positivos contra 99 negativos y dos abstenciones la nueva norma, cuya característica principal es el paso del sistema mixto al acusatorio, en el cual los fiscales llevarán las riendas de las investigaciones y los jueces deberán limitarse a juzgar y a custodiar que se cumplan las garantías procesales. Unos y otros tendrán plazos perentorios breves para resolver las causas, bajo pena de ser sancionados con severidad.

Si bien la oposición coincidió con la necesidad de modificar el actual Código de Procedimientos, que data de 1991, decidió rechazar la propuesta oficialista porque contiene en un anexo (el número 2) la creación de 1.734 cargos en fiscalías y defensorías que le permitirán al Gobierno continuar designando, antes de terminar su mandato, funcionarios en el Poder Judicial. La sospecha que todos los bloques plantearon es que con estas designaciones el oficialismo persigue su protección para después de 2015.

Los opositores criticaron las potestades que tendrá de ahora en más la Procuradora General de la Nación -jefa de los fiscales federales- Alejandra Gils Carbó, ya que la norma fue aprobada sin una reforma de la Ley de Ministerio Público y de otra ley que modifique las estructuras de todo el Poder Judicial.

La sesión arrancó pasado al mediodía con algunos inconvenientes para el oficialismo, que demoró varios minutos más de lo que permite el reglamento de Diputados para reunir el cuórum ya que legisladores como Martín Insaurralde, Dulce Granados y Sandra Mendoza no estaban presentes.

La oficialista Graciela Giannettasio, titular de la comisión de Justicia, fue quien defendió las bondades de la ley sancionada al principio de la sesión. “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”, resumió.

A la vez, la legisladora subrayó otro de los grandes cambios impulsados: que las víctimas de delitos podrán participar del proceso, aún si el fiscal no ha decidido iniciar una causa.

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El ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido (UCR) fue el primero en desconfiar del verdadero objetivo de la reforma aprobada ayer. “Ojalá que (el nuevo Código) no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos y sea para mejorar la Justicia”, planteó poco convencido ya que señaló que todas las leyes complementarias, que son fundamentales para hacer operativo el sistema acusatorio, no están ni siquiera esbozadas.

La macrista Patricia Bullrich (Unión PRO) se concentró en criticar la falta de debate que tuvo el nuevo Código en la Cámara Baja, ya que se dictaminó en una sola jornada y se lo llevó rápidamente al recinto.

“Este es un Código fantasma, nadie lo vio y no se discutió, ni siquiera hubo simulacro de audiencias y visitas”, dijo.

Desde el Frente Renovador, Oscar “Cachi” Martínez defendió la iniciativa massista, que fue muy criticada por el resto de los bloques por tener postulados inconstitucionales. “Queremos que se termine con las excarcelaciones para que no pase como ahora, que en primera instancia se condena a alguien por homicidio, pero luego sale por la otra puerta si el defensor apela la sentencia”, expresó.

Claudio Lozano (Unidad Popular) apuntó también a los objetivos “ocultos” del oficialismo. “Todas las normas que se requieren para la implementación de este nuevo Código no están, pero lo único que sí resulta aplicable es el nombramiento de cargos. Se está metiendo una fuerza operativa en el Poder Judicial que le garantice impunidad al Gobierno”, denunció.

Diputados trataba en la madrugada de hoy el proyecto de creación de una comisión bicameral que investigue la denuncia penal realizada por la Afip, contra el banco HSBC, por presuntas maniobras tendientes a facilitar una evasión tributaria a través de cuentas en Suiza.

La comisión, que estará constituida por cinco senadores y cinco diputados, tendrá un plazo de 90 días para investigar el caso, período que podrá ser prorrogado por otros 90 días. La comisión citará a las autoridades de la entidad bancaria vinculada en la denuncia presentada por el organismo que dirige Ricardo Echegaray como a los titulares de las cuentas radicadas en Suiza, y a los responsables de los organismos reguladores bancarios, financieros, bursátiles y cambiarios.

Para poner freno. El diputado nacional Pablo Tonelli (Unión PRO) afirmó que "no alcanza" con la reforma del Código Procesal Penal impulsada por el oficialismo y consideró que es "imprescindible" una nueva ley de Ministerio Público que "le reste discrecionalidad al procurador general a la hora de tomar decisiones".

Normas complementarias. Durante la sesión especial en la que se trató el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de reforma del Código Procesal Penal, Tonelli apuntó que "hay una gran base de acuerdo" de pasar de un sistema inquisitivo al acusatorio, pero advirtió que "son muchas las normas complementarias" que se deben aprobar.

Traspaso. Tonelli indicó que "hubiera sido más prolijo, más adecuado, la transferencia de más de 100 órganos" judiciales a la ciudad de Buenos Aires, y "luego aprobar el Código Procesal Penal". "Esto hubiera sido importante no sólo para respetar la autonomía de la ciudad, sino también por los diferentes delitos que juzgarán", agregó el legislador.

Mario Negri (Diputado Nacional - UCR). "A las iniciativas del Gobierno en materia judicial hay que tomarlas con cuidado: en una mano traen un caramelo que endulza y en la otra un caramelo envenenado. Desde el año 2006, el Poder Ejecutivo ha transitado un persistente camino para colonizar la Justicia".

G. Giannettasio (Diputada Nacional - FPV). "El nuevo Código Procesal establece una nueva organización judicial y apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites. El nuevo sistema utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad y garantiza la vigencia de nuestros tratados internacionales".