El gobierno de Barrionuevo avanza con una expropiación
Embargará 45 hectáreas de propiedades privadas para afrontar el déficit habitacional. La CTA pidió que el gobernador y el jefe de Policía vayan presos.
San Salvador de Jujuy. El Ejecutivo de Jujuy avanzaba ayer en la Legislatura con el pedido de una sesión especial para tratar su plan de expropiación de tierras para paliar el déficit habitacional, mientras la CTA reclamó en Buenos Aires una "respuesta del gobierno nacional" a los crímenes del jueves. El sindicalista kirchnerista Hugo Yasky advirtió en una marcha en la Capital Federal que "no se puede seguir matando a compañeros que reclaman" y advirtió que "un gobernador o un jefe de policía tienen que ir presos".Por su parte, fuentes judiciales señalaron que sigue sin detenidos la causa abierta por "atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer".El gobierno del kirchnerista Walter Barrionuevo esperaba que los legisladores definan realizar una sesión especial para tratar el proyecto de expropiación con el que busca resolver la crisis habitacional, luego de que el jueves cuatro personas murieron en un desalojo violento en terrenos de la empresa Ledesma que había ocupado la Corriente Clasista Combativa.La iniciativa oficial pretende tomar fracciones de tierras en las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado y Pampa Blanca bajo la modalidad de "expropiación de urgencia".Asimismo, prevé "compensar" con un depósito sobre "créditos que correspondan al Estado provincial por tributos adeudados en razón del inmueble del que se trata".Según los planes del gobierno, se pretende expropiar una fracción de 5 hectáreas en una propiedad de la familia Lamas en Pampa Blanca, otras 25 hectáreas al grupo Braccamonte en Fraile Pintado y las 15 hectáreas del ingenio Ledesma que están ocupadas desde hace más de 10 días en Libertador.El pedido del gobierno, que busca una sesión rápida que posiblemente resuelva el tema hoy, también generó conflicto en la Legislatura dado que el oficialismo pretende aprobar el proyecto como llegó y la oposición reclamó que se organice una comisión investigadora del caso, dijeron fuentes legislativas.El radicalismo propuso una comisión investigadora con amplias facultades, que incluso pueda usar la fuerza pública para llamar a declarar a testigos del desalojo. Los opositores también pedirán que declaren el gobernador, su ex ministro de gobierno Pablo La Villa, y el actual jefe de la cartera, Hugo Echavarri.
