El Frente Cívico le pide a De la Sota la continuidad del diálogo político

En el arranque de un año electoral, el juecista Frente Cívico le reclamará al gobernador José Manuel de la Sota la continuidad del diálogo político que el propio mandatario provincial inició el año pasado.

El gobernador hizo una convocatoria a toda la oposición para presentar ideas y proyectos “para mejorar la calidad de vida de los cordobeses”. Pero las conversaciones se estancaron por dos motivos fundamentales: la decisión de De la Sota de modificar la ley jubilatoria sin informar al resto de las fuerzas políticas; y la falta de respuesta al reclamo del juecismo de otorgarle los 14 cargos de control que le corresponden en distintos organismos descentralizados, de acuerdo con lo que establece la ley de Nuevo Estado.

El legislador provincial Ricardo Fonseca insistió ayer con esta cuestión y criticó a la gestión delasotista. “El gobernador de Córdoba habla mucho de respetar las instituciones, pero no es lo que hace en la práctica. Hace más de un año que el Frente Cívico debería tener los cargos de control de gestión que indica la ley”, afirmó el parlamentario.

Fonseca manifestó que en los próximos días el bloque del Frente Cívico le “exigirá una vez más” al Gobierno provincial las designaciones de dirigentes de esa fuerza en los cargos administrativos de control de gestión.

Fonseca consideró que De la Sota no volvió a hablar de la convocatoria del diálogo político, porque se niega a otorgarle esos nombramientos al Frente Cívico. “Somos la primera minoría en la Provincia, porque así lo decidió la voluntad popular. Así como respetamos que el peronismo gobierne porque ganó las elecciones, exigimos que nos otorguen las herramientas que nos brinda la ley para controlar”.

El reclamo

Para controlar. En marzo del año pasado, el Frente Cívico le pidió al gobernador De la Sota que cumpla con el artículo 6 de la ley de Nuevo Estado, impulsada por el propio delasotismo. Esa norma establece: "En las entidades, empresas o sociedades en las cuales el Estado provincial posea la mayoría del capital social, uno de los miembros para integrar el directorio u órgano colegiado de administración y representación social, como mínimo, será designado a propuesta del partido político de oposición que constituya la primera minoría en la Asamblea Legislativa...". Hasta ahora, eso no se ha cumplido.