El Estado, una vez más, el gran empleador

Cuando 2008 quemaba sus últimos días, el ex gobernador Juan Schiaretti ya iba camino a formar una nueva ciudad de empleados públicos. En sus primeros 365 días de gestión, congregó bajó el paraguas estatal a más de 6.400 nuevos trabajadores, a un promedio de casi 18 por día. Su mandato se cerró con un ritmo de creación de empleo envidiable. Fue una media de 12 nuevos estatales cada día. Eso significa que, por cada tres nuevos puestos que generó el sector privado en toda la provincia entre 2007 y 2011, Schiaretti se encargó de aportar, por lo menos, uno.Es más: la tasa promedio anual de generación de trabajo en el sector público provincial fue, en esos cuatro años, del 4,1 por ciento, es decir, medio punto por encima del sector privado, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Y a la suma le faltan números. La cifra oficial de empleados es 118.660, pero un año atrás, el ex secretario general de la Gobernación Ricardo Sosa dijo que la Provincia pagaba 135 mil sueldos, sin incluir Epec, el Banco de Córdoba ni los organismos descentralizados.Como sea, el proceso no es aislado. A nivel nacional, según un trabajo de Ernesto Kritz, de SEL Consultores, en uno de cada cinco hogares el empleo público es la principal fuente de ingresos.Por cierto que, en el medio, siempre está el condicionamiento (y la obligación) de atender una demanda ciudadana creciente y con un permanente grado de insatisfacción. Todos los años se suman nuevos policías, docentes y personal en los hospitales. Y está bien que así sea.Pero mientras eso ocurre, hay una especie de pasillo paralelo por el que históricamente se produce un incesante desfile de nuevas caras, producto del tradicional mecanismo político que premia con cargos públicos a militantes, amigos, aportantes de campaña y parientes.Y es que, comparado con el sector privado, el Estado asegura salarios y condiciones laborales más atractivos, además de criterios de selección y promoción mucho más discrecionales."Esto promueve la mediocridad y genera condiciones propicias para que los funcionarios usen el empleo público para distribuir favores electorales y personales", opinan los técnicos de la consultora Idesa. Y si bien las generalizaciones siempre son injustas, está claro que la cantidad no necesariamente asegura calidad en los servicios públicos.