El Estado argentino, otra vez acusado

En esa suerte de batalla por el protagonismo político que ayer se dio entre el recinto de la Cámara de Senadores, donde ayer el oficialismo le dio media sanción a una nueva ley de Inteligencia, y el Salón Azul, donde la oposición realizó una audiencia pública para exigir que la muerte del fiscal Alberto Nisman no quede impune, la presencia de la exesposa del titular de la unidad Amia, Sandra Arroyo Salgado, concitó toda la atención. El oficialismo leyó un guiño favorable a la Casa Rosada en el pedido de no politización de la causa que la mujer lanzó a toda la clase política y a todos los poderes del Estado. La oposición, en cambio, prefirió quedarse con lo último que anunció Arroyo Salgado: que pedirá a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, que patrocine a sus hijas para que la muerte del fiscal de la causa Amia llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto significa que, tal como ocurrió con aquella demanda que realizaron los familiares de las víctimas del atentado terrorista de 1994 nucleados en Memoria Activa, el Estado argentino volverá a ser denunciado por violar derechos humanos en un hecho que se desprende de la causa Amia. Nisman pasará a ser así la víctima número 86 de aquella bomba en la Amia, al menos ante los estrados internacionales. En 2005, Memoria Activa consiguió un fallo favorable de la CIDH, ya que la Comisión consideró responsable al Estado argentino de no haber prevenido, luego de la bomba en la Embajada de Israel de 1992, la voladura de la Amia. En un arreglo entre partes, el entonces presidente Néstor Kirchner se comprometió a una serie de medidas, entre ellas modificar la ley de Inteligencia para que los "servicios" no trabajen más por la impunidad del hecho. Tuvo que fallecer Nisman para que la Rosada apurara estos cambios en el Congreso. Si el plan de Arroyo Salgado prospera y la OEA nombra un veedor en la causa para dar mayores garantías al proceso judicial, los ojos de todo el globo estarán depositados en la investigación que intenta discernir por qué murió el fiscal que acusó a Irán de la masacre de la Amia y que cuatro días antes de aparecer sin vida había radicado una denuncia por encubrimiento contra la presidenta argentina.