El desaguisado en Aerolíneas

El caos en Ezeiza por el cierre de Aeroparque para refacciones dejó al desnudo que, además de la total imprevisión del Estado para valorar el impacto que tendría esa medida, la reestatizada Aerolíneas Argentinas (AA) no puede ser manejada por un político sin ninguna experiencia en aeronavegación. El presidente de la ahora empresa aérea de bandera es Mariano Recalde, hijo del diputado Héctor Recalde, el abogado de la CGT de Hugo Moyano. En un sector tan complejo como el del transporte aéreo, Recalde llegó a ese puesto estratégico sin antecedentes en aeronavegación, pero con el respaldo de Máximo Kirchner, el hijo del ex presidente. Recalde, de 37 años, es abogado laboralista y antes se desempeñaba como asesor de varios sindicatos que responden a Moyano. En medio del descalabro por el cambio de estación aérea, el titular de la Asociación de Pilotos, Jorge Pérez Tamayo, declaró un paro el mismo día en que Aerolíneas comenzaba a operar desde Ezeiza. Pérez Tamayo es hombre de Moyano y está enfrentado con Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico.El arrebato de Tamayo desbordó la falta de idoneidad de Recalde, lo que, sumado a la imprevisión del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi –quien ahora admitió que se evaluó mal el impacto del traspaso de los vuelos a Ezeiza–, generó un cóctel terrorífico para todos los usuarios del transporte aéreo.En los últimos tres años, la Nación desembolsó mil millones de dólares en Aerolíneas, pero hasta ahora no se ha hecho pública ninguna rendición de cuentas.En rigor, el trámite de la estatización no está concluido formalmente, lo que permite sortear el control del Congreso sobre una empresa que, como pregona el Gobierno, ahora es de todos los argentinos.Pero, pese a que todos los contribuyentes del país solventan lo que le cuesta al Estado sostener una empresa aérea manejada de manera ineficiente, sólo un reducido segmento está en condiciones económicas de utilizar ese medio. Es decir, sectores de bajos recursos que nunca viajan en avión terminan por financiar a una empresa que transporta gente que cuenta con los medios para pagar el pasaje en una línea privada. Cabe preguntarse si no hubiera sido mejor que esos mil millones de dólares hubiesen sido destinados, por caso, a viviendas. Con ese monto, se podrían haber construido 26.700 casas del denominado Hogar Clase Media. O mejorar la alicaída red ferroviaria. Más allá de la polémica estatización, tanto las autoridades de Trasporte como las de Aerolíneas son responsables del desaguisado.