Echan a empleado imputado por el caso Rivera Alegre
Trabajaba en el cementerio San Vicente y lo acusan de haber cremado el cuerpo. Cesantearon a otros dos agentes por faltas injustificadas. Ya hay 47 desvinculaciones.
La Municipalidad de Córdoba resolvió cortar el vínculo laboral con el agente Aldo Marcelo Monje, quien se desempeñaba como contratado y quedó involucrado penalmente en la causa que investiga el asesinato de Facundo Rivera Alegre, más conocido como “el Rubio del Pasaje”.
Se trata de un caso que alcanzó gran repercusión pública tras la desaparición de ese joven (de 18 años) en febrero de 2012.
La determinación fue tomada mediante decreto del intendente Ramón Mestre, del pasado 18 de marzo, a instancias de un informe remitido por el área de Recursos Humanos.
Antecedentes
Monje fue detenido por la Policía el pasado 30 de octubre, junto a otros dos personas que fueron acusadas de haber asesinado a Rivera Alegre.
En el caso de Monje, su participación delictiva habría consistido en facilitar la desaparición del cadáver, al cremarlo en el Cementerio San Vicente, donde prestaba servicio de maestranza.
Ese municipal está acusado de “encubrimiento agravado”. La Justicia sospecha que cobró unos tres mil pesos y algo de cocaína para quemar el cuerpo.
En aquél momento, los compañeros de Monje esbozaron alguna protesta y salieron en su defensa, pero esa actitud luego se disipó ante la contundencia de la prueba que recolectó la Justicia para incriminarlo.
Según el informe de Recursos Humanos, Monje dejó de prestar servicios y de registrar su marcación horaria en el Cementerio desde el 28 de octubre, vale decir dos días antes de ser detenido.
Además, ningún familiar suyo se presentó luego en la Municipalidad a reportar su situación personal.
En consecuencia, el Ejecutivo decidió “limitar” el contrato con ese agente a partir del 26 de octubre de 2013.
En aumento
El caso de Monje ayudó, junto a otros dos, a mantener el ritmo de desvinculaciones mensuales de empleados que viene realizando la Municipalidad, principalmente por el incumplimiento de pautas mínimas que en materia de asistencia su propio Estatuto les impone a los trabajadores.
En marzo se registraron dos nuevas cesantías por inasistencias injustificadas.
Es el caso de la agente Laura Liliana Corbalán, que se desempeñaba en una escuela municipal de barrio San Roque y no fue a trabajar durante 14 días seguidos, entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre últimos.
Una situación similar alcanzó a Martín Gabriel Carrizo, quien se desempeñaba en la Subdirección de Obras y Mantenimiento, y no logró justificar 11 inasistencias a lo largo de 2012.
El máximo de faltas permitidas, sin su correspondiente justificación, es de 10. Y en esos casos, legalmente corresponde el despido, sin indemnización.
Los tres casos mencionados elevan a 47 las cesantías dispuestas en lo que va de la gestión del intendente Ramón Mestre.
El subsecretario de Legal y Técnica, Diego Frossasco, confirmó que en su área hay varios expedientes similares más en trámite y que la cifra antes apuntada seguramente seguirá creciendo.
Los casos se van conociendo mensualmente sólo por el hecho de que a veces el Ejecutivo agrupa varios de ellos antes de publicar los correspondientes decretos.
La cronología reciente marca que en diciembre hubo tres cesantías y otras cinco en enero, más las tres mencionadas de marzo.
Desde el Ejecutivo se resaltó que los desvinculaciones no surgen de una cuestión subjetiva, sino que es obligación de los funcionarios aplicar las disposiciones de la ordenanza 7.244 (Estatuto del Personal).
Disputa legal
Gremio. El área legal del Suoem plantea que el artículo 53 del Estatuto, que fija las causas de cesantía, es "inconstitucional" y que el Ejecutivo está despidiendo empleados sin realizar sumarios previos. Advirtió que eso puede derivar en posteriores planteos judiciales. A su criterio, en muchos casos, detrás de las inasistencias hay personas con problemas psiquiátricos, que deben ser asistidas por el Estado y no cesanteadas.
