Dilema profundo de una sociedad en rojo

Afrontamos un dilema. Por un lado, el Estado no puede seguir manteniendo el nivel de gasto público, que en los últimos años desbordó en una serie de distorsiones traducidas como estancamiento e inflación. Por otra parte, el retiro parcial de subsidios a los servicios públicos –el primer y principal rubro que eligió el Gobierno nacional para hacer efectivo el ahorro fiscal que debe concretar– se traduce en fortísimos aumentos. Hay facturas de gas que multiplican por 10 el monto pagado hace un año. Que sigue siendo menos que lo que crecieron los subsidios a la electricidad y al gas desde que, en 2007, comenzaron a desbarrancarse. Los 6.335 millones que se gastaron en 2007 se multiplicaron por casi 25, para llegar a 157.145 millones en 2015. Eso según datos del Ministerio de Energía y Minería.La Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), una entidad independiente, muestra lo mismo, de otro modo: los subsidios económicos (incluye todos los servicios públicos) pasaron de 1,5 por ciento del gasto primario de la Nación en 2005 a 15,2% en 2015.En este marco, hay hogares que han visto reducirse su poder adquisitivo real y en ellos crece algo también rojo, que no es un problema fiscal, sino más bien algo parecido a la furia.Hay de todo. Consumidores que exigen seguir pagando para calefaccionar, calentar agua y cocinar el equivalente a media docena de paquetes de cigarrillos. Y también personas que sencillamente no pueden afrontar facturas de tres mil pesos.Por eso, en esta edición precisamos también qué alternativas hay: la tarifa social es algo nuevo, que muchos desconocen, y puede constituir un remedio razonable, una opción a la judicialización.Porque hay otro sector, al que jamás se considera, que transforma este dilema en un trilema. Allí están los cientos de miles que no tienen acceso al gas y a muchos otros servicios, porque la extensión de las redes y la disponibilidad de fluido dejaron de crecer hace años, precisamente por el congelamiento de tarifas que durante más de una década regaló el gas a los privilegiados. Esas personas pagan las consecuencias de los subsidios, bajo la forma de la inflación y su impacto en la destrucción lenta pero segura de la economía. Imaginen si ellos también acudieran, algún día, a la Justicia.