Despejada la disputa de intereses, hablemos

Si cuesta sustraerse del contexto político del esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia a dos días de las elecciones, vale tomar la sentencia como una nueva oportunidad para despejar el debate en torno de la libertad de expresión y el derecho a la opinión, de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que contaminó el debate sobre la función social de los medios de comunicación, sean de gestión pública o privada. La ley que regula cuántas licencias puede tener una empresa de medios es constitucional porque surge de la facultad del Congreso, "cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces", dice el fallo de la Corte. Pero esa ley que no voté, un derecho que me asiste, remite al cinismo de Von Bismarck, quien decía: "No quieran saber de qué están hechas las leyes y las salchichas".

Despejado tanto el debate como la disputa de intereses, la sentencia de la Corte viene a ratificar lo que vengo defendiendo desde el inicio mismo de la democracia: los medios públicos no deben ser de los gobiernos ni “una vía para eliminar voces disidentes”; la distribución de la pauta oficial debe ser transparente como equitativa; la autoridad que debe aplicar la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), debe ser técnica e independiente.

Además, reitera ese valor supremo de la ­libertad de expresión, la madre de todas las libertades.

Si la ley está vigente desde su sanción en 2009, y se distribuyeron en ese tiempo unas 600 licencias, cabe a la ciudadanía juzgar si lo que la ley prometía como espíritu democratizador y el fallo de la Corte Suprema ratifica como derecho, es ya una realidad entre nosotros.

O si debemos construir una auténtica cultura de pluralidad y derecho al decir, sin descalificaciones ni persecuciones.

*Senadora nacional por Córdoba