Demandame, que me gusta

De Rubén Martí para acá, todos los intendentes que se sucedieron en el Palacio 6 de Julio en los últimos 12 años (Germán Kammerath, Luis Juez, Daniel Giacomino y Ramón Mestre) se quejaron amargamente, sin excepción, de la cantidad de juicios que acumulaba la Municipalidad de Córdoba y de su posible impacto en las finanzas.

Más aun, el actual intendente ordenó como una de sus primeras medidas de gobierno llevar un registro exhaustivo de los pleitos que afronta la ciudad e ideó un paraguas legal, mediante la emergencia económica y el régimen de consolidación de pasivos, que limite el pago de acreencias derivadas de juicios.

Pero, pese a que la Municipalidad sigue siendo jurídicamente siempre el mismo sujeto, las desavenencias entre los sucesivos intendentes, y a veces las contramarchas dentro de una misma gestión, aparecen a menudo como el principal enemigo a la hora de defender el interés público y los bienes de todos.

Nadie ignora que litigar contra el Estado es poco menos que un deporte nacional, cuyos actores casi siempre llevan las de ganar. Pero en el caso del municipio capitalino, hay casi una invitación permanente a potenciar esas prácticas.

La historia reciente es lo suficientemente esclarecedora al respecto, con los casos Tecsa y Tamse, cuyas demandas judiciales le costaron –y le siguen costando– decenas de millones de pesos al municipio.

En un contrato claramente desventajoso para la ciudad, Tecsa se quedaba con un porcentaje de la recaudación, hasta que Kammerath lo rescindió por presión del Suoem. Eso ocurrió hace una década, pero no perdió actualidad: a fin de este mes se definirá si la empresa volverá o no a quedarse cada 30 días con 10 millones de pesos de las cajas municipales, para cobrar el juicio que ganó.

Y el caso Tamse no le va en zaga: el municipio debió pagar más de 20 millones de pesos a más de 150 choferes, que ganaron un juicio por haberes mal liquidados. Son los mismos trabajadores que quedaron a la deriva por varias quiebras privadas y fueron a parar a Tamse, aunque inicialmente con un salario inferior al de convenio, que luego no tardaron en reclamar por vía judicial.

En los dos casos citados, fue evidente la voluntad de litigar, pero también lo fueron las enormes facilidades que el municipio dio para que eso ocurriera y para perder los litigios. Ahora con el predio de enterramiento, la historia parece volver a repetirse: la Municipalidad ocupó a las apuradas y de manera por lo menos desprolija un inmueble, cuyos dueños cocinan a fuego lento millonarias demandas.

Nadie sabe todavía si en este caso la taba de la Justicia saldrá nuevamente en contra de la ciudad, pero sería de necios no advertir que otra vez el municipio viene jugando 
–adrede no– en contra de sus propios intereses.