Declaró en Entre Ríos el "jardinero K" y dijo que se siente un perseguido político
Se lo acusa por los delitos de falsificación ideológica de documento público. Eso le habría permitido ser funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación y proveedor del Estado, al mismo tiempo, a pesar de no estar registrado como tal.
El empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, más conocido como el "jardinero K", declaró hoy en el juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Paraná por el delito de falsificación ideológica de documento público, y dijo que se siente "un perseguido político".
Barreiro está siendo juzgado en Paraná, este lunes y martes, por haber falseado datos en una declaración jurada, lo que le permitió ser funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación y proveedor del Estado, al mismo tiempo, a pesar de no estar registrado como tal.
El empresario llegó puntualmente a los tribunales locales acompañado por sus abogados defensores del foro local Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez y evitó hacer declaraciones a la prensa.
Ante los magistrados dijo estar "muy triste ante esta injusticia", aseguró que nunca estuvo al tanto de su designación y advirtió que vive "una persecución política".
Declaraciones
"Soy político, no lo voy a negar. Soy peronista y milito dentro del Frente para la Victoria, durante 24 años lo he hecho y lo seguiré haciendo porque el peronismo me dio todas las posibilidades para ser lo que soy, porque pude estudiar, por un contexto social del cual me siento orgulloso de serlo", dijo Barreiro.
"Me siento totalmente triste, si yo fuese Juan de los Palotes, nadie se hubiese preocupado, pero como vengo de una carga política, se preocuparon", cuestionó al hablar ante el juez Pablo Virgala.
Por su lado, y al declarar, los exministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario Sebastián Lorenzo coincidieron que se enteraron por la prensa de la existencia del decreto de designación de Barreiro. El caso está en manos del juez en lo Correccional Pablo Vírgala, la acusación estará a cargo del fiscal Alejandro Joel Cánepa y la pena por el delito que se le imputa va de 1 a 6 años. El 15 de agosto de 2012, mediante el decreto número 2.693, Barreiro fue designado en el Ceicer por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez (hoy diputado provincial por el FpV).
El 7 de noviembre de ese mismo año el exmandatario firmó el decreto número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, que nunca utilizó.
Barreiro además figuraba (y figura con el número 4.711) en el Registro de Proveedores del Estado desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de ser nombrado "coordinador" de Cultura de la provincia.
Es en ese trámite de registración en donde el empresario sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.
En diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires).
La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó.
La causa comenzó a investigarse en mayo de 2013, tras la denuncia realizada por el abogado del foro local Guillermo Mulet, quien pidió que se investigue cómo fue nombrado por el Ministerio de Comunicación y Cultura y luego contratado para dar un servicio al Estado.
Este martes, a las 9, serán los alegatos.
