Cuestionan operativos contra el narcomenudeo

El sábado 20 de julio, el domicilio de la localidad de Saldán que comparten el boxeador Raúl Zambrano y su pareja Verónica Garro, con los hijos de él, de ella y de ambos, estaba vestido de fiesta, ya que era el cumpleaños de la mujer. Sin embargo, el ambiente pronto se silenció, luego de que irrumpiera una brigada de policías antidrogas.

Ante el secuestro de 25 gramos de picadura de marihuana, los efectivos llevaron detenidos a Zambrano y a Garro. Ella quedó libre un mes y medio después, sobreseída. Él aún está preso en Bouwer, imputado por “tenencia de estupefacientes para comercialización”.

Verónica ahora asegura que los policías “plantaron” la droga. Que en su casa no había ninguna sustancia; sólo las pastillas que Zambrano ingería para entrenar. Y que, además, le robaron siete mil pesos, cuyo origen, dice, puede acreditar con un recibo. Para ella, el operativo fue una represalia porque antes habían denunciado a una familia de la zona que vendía al menudeo. “Supuestamente, antes de allanar hicieron dos controles a consumidores que después dijeron que jamás Zambrano les había vendido drogas”, subraya.

“Cuando entraron a allanar, los policías amenazaban a una de mis hijas para que les dijera dónde estaba la droga. Le decían ‘hablá, hablá, o a esto te lo vamos a poner a vos’, y le mostraban bolsitas negras. Ahora, cuando vimos en televisión el sepelio del policía Juan Alós (de Drogas Peligrosas, cuya muerte se investiga), mi hija dice que uno de los que llevaba el cajón era el que entró a casa”, denuncia Verónica.

Nueve días antes, el 11 de julio en barrio Ampliación Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, Gabriel Marcelino Varela (43) quedaba preso también por “narcomenudeo”. “Los policías entraron en casa a las 21 y se fueron a las 4 de la madrugada. Rompieron todo y cuando les reclamé, me dijeron ‘que te lo pague el Estado’”, relata su mujer, María Cristina Argüello.

Según ella, en la vivienda no hallaron nada, pero lo detuvieron porque en un control realizado por los efectivos de Drogas Peligrosas, antes de allanar, encontraron a un consumidor con un gramo de cocaína.

“Esa es toda la prueba: un gramo de cocaína que tenía una persona que iba caminando a 10 cuadras de nuestra casa. En la declaración, esta persona describe al vendedor y no tiene nada que ver con mi marido; por eso pedimos que lo llamen a declarar y la Justicia no lo hace”, reclama la mujer.

En otro caso, el martes 6 de agosto, en barrio El Perchel, de Mendiolaza, cayó detenido Luis Javier Ordóñez (26). “Cuando vimos que había policías en la cuadra, le avisamos a él, porque tiene antecedentes por consumir. Pero él nos dijo que no nos hiciéramos problemas, que no tenía nada que ocultar”, refieren sus hermanos José y María Ordóñez.

Advierten que Ordóñez fue obligado a tirarse boca abajo, que a su madre la golpearon y que su hijo de 2 años presenció todo. Aunque no se halló droga, el joven marchó preso, ya que, supuestamente, se habían realizado controles previos en los que se detectó que él le habría vendido a consumidores. “Al frente allanaron otra casa y encontraron 450 gramos de marihuana y ‘alita de mosca’ (cocaína de alta calidad). Pero el dueño de esa vivienda salió a las pocas horas y mi hermano aún está detenido”, se queja José.

El abogado defensor, Carlos Morelli, que también patrocina a Zambrano y a Varela, se opuso a la imputación de Ordóñez. Hace pocos días, el muchacho fue sobreseído de esta causa. Pero como se cambió la imputación de otro expediente que tenía abierto en abril por tenencia de estupefacientes (ahora se le agregó “para comercialización”), seguirá preso, según advirtieron desde la fiscalía provincial de 30 nominación, del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, a cargo de Marcelo Fenoll.

Desde la misma fiscalía se indicó que en el caso de Varela, el juez de Control, Gustavo Atilio Fernández Rodríguez, confirmó todo lo actuado por la Policía, lo mismo que en la causa contra Zambrano, al que se le dictó prisión preventiva.

El domingo pasado, La Voz del Interior informó que tras conocerse de manera pública la investigación del fiscal federal Enrique Senestrari, que tiene a seis policías antinarcóticos presos y a otros tres imputados, la fiscal General adjunta, María Marta Cáceres de Bolatti, indicó a los fiscales provinciales antidrogas realizar una revisión "más exhaustiva". En los 10 meses que lleva de vigencia la ley de desfederalización, no se han anulado causas por irregularidades como las que ahora investiga la Justicia federal (se cree que los efectivos robaban expedientes y "plantaban" droga).

Justicia federal. Seis efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico, (el exjefe Rafael Sosa y otros cinco uniformados de Drogas Peligrosas) están presos en la cárcel de Bouwer acusados por la Justicia federal de haber participado, supuestamente, en diferentes delitos: asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio, entre otros.

Más imputados. Además, otros tres policías, el exjefe de Lucha Contra el Narcotráfico, Mario Nieto (retirado), y los comisarios inspectores Fabián Hoyos, jefe de Distrito, y Daniel Moroldo, de Investigaciones, también fueron imputados por algunos de los delitos que se les endilgan a los otros uniformados, aunque no quedaron presos.