Cuestionan esquemas provinciales de control del narcomenudeo

Un informe de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) remarca que hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo o microtráfico (ver análisis). Ese concepto de "desfederalización" está contemplado en la ley nacional de estupefacientes. Rige en Buenos Aires desde 2005 y Córdoba fue la segunda provincia del país en aplicarlo, desde diciembre de 2012. Salta se sumó en enero de este año. El argumento es que, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permita conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte. El informe de la Procunar, dependiente del Ministerio Público Fiscal, hace hincapié en Provincia de Buenos Aires, dado que la división de competencias se aplica desde hace nueve años. En la mayor parte del país, es la Justicia Federal la única que investiga el narcotráfico, tanto el que se produce a nivel de venta al menudeo, en los denominados "quioscos", como el de mayor escala, a nivel de los proveedores y de las organizaciones más peligrosas. No llega la información La Procunar relevó la cantidad y tipo de causas iniciadas por la Justicia federal en todo el país y concluyó que se verifica "la consolidación de una dinámica institucional donde ciertas investigaciones no llegan a conocimiento de las fiscalías federales". Contra el argumento de que la "desfederalización" de la ley permitiría que "las fuerzas de seguridad y las policías provinciales colaboren en la persecución de los ilícitos", ocurriría justamente lo contrario. Según la Procunar, "la evolución de las cantidades de causas iniciadas, ya sea por comercialización agravada, transporte, almacenamiento y otras figuras no comprendidas en la ley 26.052, permiten demostrar que, desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente".El caso testigo es el de Provincia de Buenos Aires. Según Procunar, por ejemplo, las causas por "tenencia con fines de comercialización" cayeron un 88 por ciento entre 2005 y 2008; las de comercio simple un 89 por ciento. También bajaron las causas por tenencia simple; las de almacenamiento simple; organización y financiamiento de tráfico; y la de transporte agravado. Situación cordobesa En Córdoba todavía no se produjo informe oficial que haya relevado cómo evolucionaron las causas sobre delitos complejos de narcotráfico, pero es evidente que hubo una baja en la cantidad de investigaciones. Desde el año pasado, varias fuentes de la Justicia federal alertan sobre la parálisis investigativa, en el marco de la profunda crisis que sufrió la Policía provincial por el denominado "narcoescándalo". Lo que ocurrió es que se redujo sustancialmente la cantidad de sumarios aportados por la Policía provincial a la Justicia federal. Por lo tanto, los fiscales y jueces federales de Córdoba trabajan sobre todo sobre investigaciones llevadas a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El fenómeno es similar al que describe el informe de Procunar. El 9 de abril pasado, la Legislatura unicameral convirtió en ley la creación de una nueva fuerza Policial Antinarcotráfico, que dependerá funcionalmente del fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano. Y que también estará sometida al Poder Ejecutivo al ser un cuerpo armado.

Gustavo Vidal Lascano, fiscal federal Nº 2. "Desde que se aplicó la ley por la cual el narcomenudeo pasó a ser investigado por la Justicia y la Policía provincial, comenzaron a ingresar menos causas a la Justicia federal. Inclusive los fiscales planteamos esta situación a la ex División de Drogas. La aplicación de esta ley coincidió además con la crisis de la División de Drogas. Ahora, el narcomenudeo depende de la Fiscalía General provincial, con una fuerza antinarcóticos que todavía no está funcionando. Habrá que establecer un mecanismo de comunicación muy aceitado entre la Justicia provincial y la federal. Este sistema no dio resultados en Buenos Aires, pero aquí es prematuro para hacer una evaluación. Ahora tendremos que pedir cooperación de la Justicia provincial y esto puede producir una atomización".

Maximiliano Davies, secretario penal. "En nuestra provincia, creo que la persecución del comercio menor de estupefacientes dio un resultado positivo. Por supuesto, requiere un tiempo de adaptación, pero se puede advertir que a la larga será positivo. Respecto de la persecución del gran comercio de drogas, Córdoba está pasando por una crisis de las fuerzas policiales que están trabajando en la prevención. Esto en parte se debe al narcoescándalo, pero no solamente depende de eso. Creo que el efecto natural de ese proceso fue que se alejara a la Policía provincial del trabajo de la Justicia federal, y viceversa. No me parece que este fenómeno, la desfederalización, les haga perder a los fiscales el hilo de las causas grandes. La Justicia federal, en el interior, no cuenta con grandes cuerpos de prevención".

Mercedes Crespi, defensora oficial. "El informe del Procunar muestra en forma estadística lo que era bastante obvio para quien conoce mínimamente el sistema federal de administración de justicia: fragmentar en este caso era igual a ineficiencia. En particular, la adhesión a la ley de desfederalización se presentó como una lucha sin cuartel contra los "quioscos" de la droga, desconociendo que cuando se cierra uno automáticamente se abre otro. De esta forma, en Córdoba se mostró a la sociedad este modelo como un blindaje de la provincia contra la droga. Hasta ahora no he escuchado a nadie que pueda explicar adecuadamente de qué forma la lucha contra el "quiosco" iba a anular el narcotráfico en la provincia. Es importante que desde el propio Ministerio Público Fiscal se admita la ineficiencia de la norma".