Cristina ordenó que se haga la denuncia judicial por Papel Prensa

Buenos Aires. A una semana de la presentación del informe "Papel Prensa, la verdad", la presidenta Cristina Fernández formalizó ayer la decisión de realizar una presentación ante la Justicia por las presuntas irregularidades en la compra de acciones de esa empresa en 1976 durante la pasada dictadura.

La decisión había estado acompañada por el envío el viernes pasado de un proyecto de ley que declara de "interés público" la producción, comercialización y distribución del papel para diario que anoche las autoridades de Diputados debatían a qué comisiones será girado. De esa determinación depende la prioridad que tendrá el tratamiento del proyecto.

El proyecto de ley sumó ayer nuevos rechazos de parte de la oposición que considera que su tratamiento no es prioritario, mientras que el vicepresidente Julio Cobos se pronunció en contra porque antes que "regular" la distribución de Papel Prensa, el Estado "debe garantizar cuestiones como la publicidad oficial. No conozco ningún diario que haya cerrado por el papel".

En el Congreso, la oposición considera que no es prioritario el tratamiento de esta iniciativa, que aún no se sabe la ruta parlamentaria que seguirá.

Decreto. Por medio del decreto 120 publicado ayer en el Boletín Oficial, con su firma y las del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, la Presidenta instruyó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentar a la Justicia el informe sobre la venta de Papel Prensa para que investigue si en esa transacción se cometió un delito de lesa humanidad y pidió ser parte querellante.

También determinó que el procurador del Tesoro Nacional, Joaquín Da Rocha, intervenga en las causas relativas a prácticas desleales". Sostuvo entre sus fundamentos y en base al informe que elaboró el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que la venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón "se concretó en circunstancia oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones, a un precio irrisorio".

Las dos instrucciones presidenciales se sustentan en el informe que Cristina Fernández difundió el martes de la semana pasada, en el que acusó a los adquirentes de Papel Prensa en 1976, en "complicidad" con la dictadura, de haber "extorsionado" a la familia del empresario David Graiver, muerto meses antes en México, a que vendiera las acciones de esa empresa. Para sustentar la hipótesis de que en la operación hubo delitos de lesa humanidad, el decreto sostiene que "tal como surge del informe ‘Papel Prensa S.A, la verdad’, las autoridades de facto (la dictadura militar) adoptaron la determinación, al conocerse la muerte del señor David Graiver, de disolver el grupo económico que aquél encabezaba, obligando a sus herederos a transferir las empresas que lo conformaban".

Según la resolución, "la voluminosa documentación" recabada "permite demostrar que Lidia Elba Papeleo de Graiver, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Isidoro Graiver, Rafael Ianover, Lidia Brodsky de Graiver y Jorge Rubinstein -más allá de que este último falleciera en cautiverio-, fueron privados ilegítimamente de su libertad ambulatoria, encuadrándose la situación de los mismos en la figura del delito de lesa humanidad".

Pacífico. En tanto, la Justicia ordenó ayer que se reanude la asamblea de Papel Prensa que había quedado suspendida cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, irrumpió al grito de "acá no se vota" con cascos y guantes de box, pero volvió a instar al funcionario a comportarse "pacífica y civilizadamente".

Así lo resolvió el juez en lo comercial Eduardo Malde, que -sin embargo- en un fallo previo prohibió modificar la composición de la Comisión Fiscalizadora que funciona en la empresa Papel Prensa, cuyo tratamiento era el tema del día en la asamblea suspendida.

Malde instó a Moreno a mostrar "respeto por la convivencia pacífica y civilizada".