Justicia. Córdoba: conformaron la Junta de Presidentes de Cámaras Federales
Los titulares de los tribunales de alzada del país expresaron preocupaciones sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal.
Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones penales del país conformaron la Junta de Presidentes y designaron por unanimidad como presidente al juez Javier Leal de Ibarra, según se informó oficialmente.
Participaron Leal de Ibarra, Abel Sánchez Torres (presidente de la Cámara Federal de Córdoba), Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, Patricia Moltini y Juan Ignacio Pérez Curci.
Junta de Presidentes
Durante el encuentro en Córdoba, los magistrados analizaron diversos aspectos vinculados con la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y expresaron una serie de preocupaciones.
En primer lugar, afirmaron que corresponde exclusivamente a las Cámaras Federales la creación de las oficinas judiciales y la designación de sus autoridades, advirtiendo que la existencia de estructuras paralelas afectaría la administración de la justicia.
En segundo término, se pronunciaron sobre el control judicial en medidas de coerción y cautelares, señalando que, en casos de controversia, los jueces pueden acceder a la prueba específica presentada por las partes.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la asignación de la audiencia de control de la acusación a jueces de revisión, función que consideraron ajena a su competencia.
También advirtieron sobre la complejidad que implica implementar el sistema acusatorio en distritos con competencia múltiple, por lo que solicitarán reuniones con la Corte Suprema y otras autoridades.
Otro de los puntos tratados fue la actuación de fiscales coadyuvantes, auxiliares o interinos que, según señalaron, no cumplen con los requisitos constitucionales para su designación.
Finalmente, la Junta reiteró la necesidad urgente de cubrir las vacantes judiciales existentes antes de avanzar con la implementación plena del sistema acusatorio en todo el país.
