Contagio gremial de huelga policial y desmesura

Cuando los cordobeses no habían conseguido reponerse de la ola de saqueos y vandalismo que agobió a la capital provincial por la huelga policial, varios gremios estatales volvieron a castigar a la ciudadanía con paros que afectaron los servicios de salud y de justicia. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), acompañado por el gremio de la sanidad (Atsa), lanzó el jueves pasado –un día después de la devastación que padeció Córdoba– un paro de 48 horas, que concluyó ayer, en reclamo de un bono para compensar la inflación.Como si fuera poco, ayer el gremio de los empleados públicos redobló su apuesta y lanzó un paro por 72 horas desde hoy y una movilización para el próximo viernes. Los judiciales no se quedaron atrás en su prolongando reclamo por un sistema remuneratorio de porcentualidad, el jueves tomaron el Palacio de Justicia y el viernes pararon 24 horas. Más allá del legítimo derecho constitucional a ejercer la huelga por demandas salariales, estas decisiones aparecen como una desmesura en el actual contexto.Las medidas de fuerza fueron justificadas por el hecho de no haber conseguido que el Gobierno les otorgara los mismos dos mil pesos de aumento que concedió a la Policía, mejora salarial que fue conseguida con la forma extorsiva de un acuartelamiento que dejó indefensa a la ciudad e implicó graves consecuencias económicas y sociales.Podría decirse que la falta de criterio de oportunidad que tuvo el SEP para lanzar un paro de 48 horas, que paralizó a los hospitales provinciales, además de otras reparticiones, es fuertemente reprochable. El secretario general del SEP, José Pihen –quien es a su vez legislador provincial por el oficialismo– quizá encuentre en la medida de fuerza un modo de tomar distancia de su adhesión delasotista, privilegiando la demanda de sus afiliados, pero sin tener en cuenta que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son atendidos por la salud pública.Pacientes con exiguos recursos económicos de la ciudad y del interior –muchos de los cuales debían afrontar cirugías– debieron volverse a sus hogares sin ser atendidos. Hubo rostros de impotencia, de bronca y hasta llantos en muchos hospitales. De no mediar alguna decisión del Ministerio de Trabajo, los hospitales seguirán semiparalizados tres días más. El gremio judicial, a su vez, sumó un paro más a las medidas de fuerza que viene realizando desde hace seis meses, pero esta vez en el momento menos indicado, cuando Córdoba todavía no termina de digerir las horas dramáticas que padeció.