Concursos para legitimar que sigan los que están

El esquema funciona más o menos así: en la administración ­pública, incluyendo casi todas sus jurisdicciones, estamentos, empresas, sociedades, organismos de control, bancos oficiales y demás figuras en que se multiplica el Estado, lo que manda a la hora de tomar empleados es la contratación por la vía del acomodo, hasta que el fin de una gestión y/o la presión gremial apuran pases a planta, efectivizaciones o algún tipo de garantía de permanencia de quienes antes fueron acomodados. Ese es el momento –casi nunca ocurre antes– en que los políticos argentinos suelen acordarse de los "concursos públicos de antecedentes y oposición".Los anuncian con solemnidad y suena serio, políticamente correcto y superador de los viejos esquemas clientelares. En ese momento –y no antes– suelen hablar de igualdad de oportunidades, de transparencia, de que el Estado no es para acomodar punteros y de selección por el mérito.Los resultados, luego, suelen ser demoledores para los cientos o miles que ante cada llamado a concurso para ingresar al Estado se ponen a estudiar: mayoritariamente quedan en los puestos quienes antes fueron acomodados por los mismos políticos que ­organizan los concursos y que manipulan las exigencias y los puntajes, de modo que la calificación académica o la capacidad de hacer queden sometidos a las necesidades políticas.Si hay que pasar a planta a miles de contratados, como en la Municipalidad de Córdoba, se otorga mucho puntaje por antigüedad y por experiencia en el cargo, de modo que el mérito académico pese menos. Así es como Ramón Mestre logró el apoyo del Suoem para el proceso de concursos y hoy está efectivizando a unos 2.400 contratados que entraron por acomodo en los gobiernos de Luis Juez, de Daniel Giacomino y también en la actual gestión.Pero la Provincia superó con creces al municipio: miles de contratados representados por el SEP rindieron o rendirán en condiciones similares a las de los municipales y serán efectivizados.Pero además, continuando una política ideada en 2010, la Provincia está concursando cargos jerárquicos, que antes eran de planta política –es decir, se ­iban al final de la gestión– y ahora tienen permanencia. Ayer rindieron esos exámenes unos 2.500 anotados para 771 cargos. Lo hicieron entre sospechas y denuncias de supuesta manipulación de las bases de los concursos.Nadie sabe –se supone– quiénes ganarán esos concursos, pero lo que ocurrió en 2010 permite imaginarlo: el 54 por ciento de los 747 cargos jerárquicos que entonces se concursaron quedó para quienes ya los ocupaban y otros 188 ganadores eran aportantes de Unión por Córdoba. La mayoría volvió a rendir ayer.Lo peor es que no existe, hasta el momento, una herramienta mejor que los concursos abiertos de antecedentes y oposición para la selección de los más idóneos. Banalizar esa herramienta aún más nocivo que la vieja táctica del acomodo puro y duro.